La Justicia obliga al Estado a pagar el 80% de los préstamos ICO por COVID

Un juzgado de Madrid ha marcado un precedente judicial relevante en torno a los préstamos ICO-COVID otorgados durante la pandemia, al determinar que el Estado debe asumir el 80% del importe avalado, tal como se comunicó públicamente en su momento. Esta decisión, emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid, podría tener un impacto significativo en miles de autónomos y pequeñas empresas que firmaron estos créditos en un contexto de emergencia económica.

Índice

Confianza legítima generada por la comunicación institucional

La sentencia reconoce que los prestatarios actuaron bajo una confianza legítima, derivada de la información oficial difundida durante la crisis sanitaria. En aquella época, las campañas institucionales indicaron de forma generalizada que los créditos ICO contaban con una garantía estatal del 80%, lo que llevó a muchos empresarios a interpretar —de manera razonable— que su responsabilidad personal quedaba limitada al restante 20%. El tribunal considera que este mensaje, unido a la urgencia del momento, configuró una expectativa protegible por la ley.

El fallo destaca que las entidades financieras no entregaron de forma previa la copia de la póliza de aval ni explicaron con claridad el verdadero alcance de la responsabilidad del prestatario. En este sentido, el juzgado aprecia un error esencial y excusable en el consentimiento, ya que los afectados tomaron decisiones fundamentadas en la información pública, sin ser informados adecuadamente sobre el riesgo real que asumían.

Sin protección directa para los clientes

  • Los préstamos ICO-COVID fueron concedidos por bancos privados con un aval del Estado que cubría hasta el 80% del riesgo para la entidad.
  • Ese aval, sin embargo, no protegía directamente al prestatario, ya que la normativa permitía a los bancos reclamar la totalidad de la deuda —incluida la parte avalada— a los deudores o avalistas en caso de impago.
  • La contradicción surge porque la comunicación oficial trasladó la idea de que el Estado asumía la mayor parte del riesgo para el beneficiario final, cuando en realidad la figura legal solo blindaba al banco.

Ante esta situación, el juzgado subraya que los bancos no podían trasladar a los empresarios un riesgo patrimonial que contradecía directamente la información institucional. Muchos autónomos y pymes aceptaron avales personales creyendo que su exposición quedaba limitada al 20%, sin comprender que mantenían la responsabilidad total ante posibles ejecuciones.

Vulneración del principio de buena fe

El tribunal concluye que la entidad financiera vulneró el principio de buena fe contractual al no informar con claridad que los fiadores respondían del 100% del crédito en caso de impago. Los afectados, señala la resolución, no actuaron con negligencia, sino que tomaron decisiones razonables dentro de un escenario de crisis, guiados por las directrices del Estado para mantener la actividad empresarial.

Diego Zapatero, socio del bufete Asoban Abogados y letrado que ha impulsado esta acción, considera que la sentencia sienta un importante precedente: "Los pequeños empresarios no pueden ser tratados como responsables únicos de una deuda que el propio Estado prometió garantizar en un 80%". Para Zapatero, esta resolución restituye un equilibrio injustamente perdido y reconoce la buena fe de miles de ciudadanos que tomaron decisiones para salvar sus negocios.

Este fallo se suma a otra resolución reciente de un juzgado en Asturias, donde también se limitó la responsabilidad de un avalista al considerar que la información pública generó una expectativa legítima de protección. Ambas sentencias apuntan a un cambio de criterio en la interpretación judicial de estos créditos, poniendo el foco en el contexto excepcional de 2020 y en la contradicción entre la comunicación oficial y la realidad contractual.

En total, en España se concedieron más de 1,1 millones de préstamos ICO-COVID, por un valor superior a los 140.000 millones de euros. Esta nueva línea judicial podría derivar en la limitación del riesgo de muchas ejecuciones hipotecarias o personales al 20%, trasladando al Estado la mayor parte del coste financiero, tal como se anunció durante la pandemia.

Mira tambien:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Tu puntuación: Útil

Subir