Libertad bajo control Leire Díez y otros dos tras polémica decisión judicial
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha decidido dejar en libertad con medidas cautelares a Leire Díez, conocida como “la fontanera del PSOE”, al exdirector de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, y al empresario Antxon Alonso. Los tres fueron detenidos en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contratos públicos, tras una operación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el miércoles.
Según confirmaron fuentes jurídicas a Europa Press, las medidas impuestas incluyen la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado estas condiciones al considerar que no procedía el ingreso en prisión, tras recibir las declaraciones de los investigados en sede judicial.
Detenciones y registros en varias ciudades
Díez y Alonso decidieron acogerse a su derecho a no declarar durante la comparecencia, mientras que Fernández sí respondió a las preguntas del juez, así como a las formuladas por la Fiscalía y su abogado. La investigación se mantiene bajo secreto de sumario, pero trascendió que se han llevado a cabo registros en distintos puntos del país, incluidas Madrid, Sevilla y Zaragoza, en empresas vinculadas a Servinabar, mercantil que, según las pesquisas, está relacionada con Santos Cerdán, exdirigente socialista y socio de Alonso.
La Guardia Civil también realizó requerimientos de información en instituciones como la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa, así como en Correos y en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica. Este último precisó que los agentes pidieron dos expedientes administrativos, los cuales fueron facilitados “con total colaboración” y respetando todos los protocolos establecidos.
Delitos investigados
- Prevaricación
- Malversación de caudales públicos
- Tráfico de influencias
- Organización criminal
Además de los tres recientemente excarcelados con cargos, la causa investiga a más de una docena de personas, entre ellas José Vicente Berlanga, exdirector de Enusa, tal como confirmó el PSPV este viernes.
La doble vía judicial contra Leire Díez
Leire Díez no solo está implicada en esta causa por presuntas irregularidades en contratos públicos, sino que también es investigada en otra pieza separada por tráfico de influencias y cohecho. Esta segunda causa es liderada por el juez Arturo Zamarriego del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, quien considera que Díez “lidera una actuación delictiva continua y coordinada” con el objetivo de obtener información sensible sobre investigaciones del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción.
En su declaración del 17 de noviembre, Díez aseguró que mantuvo solo dos reuniones con Santos Cerdán en calidad de periodista, negó cualquier vínculo formal con el PSOE y descartó haber ofrecido favores. Además, detalló su trayectoria laboral: ingresó en Enusa en 2018, entidad adscrita a la SEPI, y en 2021 pidió excedencia para incorporarse a Correos como jefa de Relaciones Institucionales.
Vicente Fernández y los vínculos con Servinabar
Vicente Fernández fue nombrado presidente de la SEPI en junio de 2018 y renunció en octubre de 2019 tras ser imputado en el caso Aznalcóllar, donde fue acusado de presunto amaño de concurso para la explotación de una mina. Aunque llegó a juicio, fue finalmente absuelto este año. Pese a ello, su nombre vuelve a estar en el centro de una investigación por su relación con Servinabar.
Documentos aportados por la Hacienda Foral de Navarra al Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo revelan que Fernández recibió de Servinabar 68.632,48 euros en 2021, 33.251 euros en 2023 y que le fueron retenidos 40.800 euros en 2022. Estos pagos alimentan las sospechas sobre su vinculación económica con la empresa.
Antxon Alonso y los pagos a Koldo García
Por su parte, Antxon Alonso, administrador único de Servinabar, también es investigado en una pieza separada del caso Koldo, relacionada con presuntos amaños en obras públicas. Durante su declaración ante el juez Leopoldo Puente el 8 de julio, Alonso negó haber pagado comisiones a cambio de contratos públicos y afirmó que Santos Cerdán no tenía relación con la empresa.
No obstante, admitió haber realizado pagos al exasesor ministerial Koldo García como comisionista en proyectos privados anteriores a 2017. Alonso también rechazó la validez de un contrato de compraventa hallado por la Guardia Civil, según el cual Cerdán habría adquirido el 45% de Servinabar por 6.000 euros. La empresa, en los últimos años, ha conseguido contratos con el Gobierno de Navarra por un valor superior a los 75 millones de euros.
Según informes de la investigación, Servinabar obtuvo un importante contrato con Mercasa pocos meses después de contratar a Vicente Fernández como asesor, lo que ha levantado sospechas sobre posibles favores indebidos en la adjudicación de proyectos públicos.
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