Libertad sorprendente para los de Plus Ultra con condiciones inesperadas
El Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid ha acordado este sábado la libertad con medidas cautelares para tres personas detenidas en el marco de la investigación por el caso Plus Ultra, entre ellas el presidente de la aerolínea, Julio Martínez, y su consejero delegado, Roberto Roselli. La decisión fue adoptada por el juez Alfredo Barrera, quien se encontraba de guardia, aunque la investigación principal sigue en manos del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que mantiene el caso bajo secreto de sumario.
Medidas impuestas y procedimiento judicial
A los tres detenidos se les ha impuesto la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio español y la obligación de presentarse ante el juzgado cada quince días. Los tres comparecieron este sábado ante el juez tras haber sido arrestados durante la semana por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación se centra en el presunto uso indebido de los 53 millones de euros que el Gobierno español concedió a la aerolínea en marzo de 2021 como parte de un rescate público durante la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción denuncia que estos fondos podrían haberse utilizado para devolver préstamos a otras empresas vinculadas a una supuesta trama delictiva, en lugar de servir para mantener la actividad de la compañía.
Red internacional de blanqueo bajo sospecha
Además del mal uso de los fondos públicos, la causa investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el que estarían implicados activos procedentes de Venezuela. Según la Fiscalía, los fondos ilícitos tendrían su origen en actos de malversación cometidos por altos funcionarios venezolanos, especialmente relacionados con los programas de distribución de alimentos CLAP y con la venta de oro del Banco de Venezuela.
La denuncia señala la existencia de una organización criminal con presencia en España, Francia y Suiza, integrada por ciudadanos extranjeros, algunos nacionalizados españoles y al menos un abogado español. Esta red habría operado para ocultar el origen de los fondos mediante movimientos financieros complejos que habrían conectado Sudamérica, Europa y los Emiratos Árabes Unidos.
Antecedentes del caso
- La Audiencia Nacional rechazó en su momento conocer del caso por falta de competencia, trasladando las pesquisas al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.
- En enero de 2023, este mismo juzgado archivó temporalmente una causa previa sobre la concesión del rescate, alegando que la decisión fue adoptada por el Consejo de Ministros, por lo que los implicados no tenían facultades directas para autorizar el desembolso.
- La decisión de archivo se produjo también porque, según indicó la jueza, se había superado el plazo legal de 12 meses para la investigación, tras una resolución de la Audiencia de Madrid que favoreció a la aerolínea.
Con las nuevas detenciones y la reapertura de aspectos clave de la investigación, el caso Plus Ultra vuelve a situarse en el centro del foco judicial, esta vez con nuevas evidencias que podrían relacionar el uso de fondos públicos españoles con una red internacional de blanqueo. La Fiscalía Anticorrupción insiste en que los mecanismos empleados fueron diseñados para ocultar el origen ilícito del dinero, utilizando empresas pantalla y movimientos financieros opacos en múltiples jurisdicciones.
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