Marruecos avanza sobre Canarias y todos lo ignoran

Las aguas que separan las islas Canarias del Sáhara Occidental, territorio aún no descolonizado y reconocido como no autónomo por la ONU, se han convertido en un nuevo escenario de tensión entre España y Marruecos. Tras la reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara Occidental, el régimen de Mohamed VI ha intensificado sus reclamaciones marítimas, aprovechando el vacío en la delimitación oficial de las fronteras marítimas para extender su influencia cerca del archipiélago canario. En juego están recursos estratégicos como pesca, minerales, energías renovables y rutas logísticas clave en el Atlántico oriental.

El conflicto, profundamente arraigado en la ocupación marroquí del Sáhara Occidental desde 1975, ha escalado con la aprobación en 2020 de dos leyes por parte de Marruecos que ampliaron su Zona Económica Exclusiva (ZEE) hasta las 200 millas, incluyendo aguas que la ONU considera pertenecientes al territorio saharaui. Este movimiento, presentado por Rabat como una actualización técnica, es visto por expertos internacionales como un intento de consolidar de facto su soberanía en una zona donde no la posee legalmente.

Una estrategia mediática y diplomática para legitimar lo ilegal

En las últimas semanas, medios afines al régimen marroquí, como Atalayar y Médias24, han publicado artículos promoviendo un relato que defiende la "legitimidad" de Marruecos para controlar estas aguas y que presenta una supuesta "oferta ganar-ganar" con España: Marruecos consolida su soberanía sobre sus "provincias del Sur", mientras España obtendría "seguridad jurídica reforzada" para Canarias. Sin embargo, esta narrativa parte de una premisa considerada falsa por el derecho internacional: que Marruecos tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental.

Para Juan Soroeta, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del País Vasco, "cualquier acuerdo bilateral entre España y Marruecos que afecte al territorio saharaui sería jurídicamente nulo sin el consentimiento del pueblo saharaui", ya que se violaría el derecho de autodeterminación. "El Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos, y su población no ha ejercido aún su derecho a decidir su futuro", subraya.

El ex embajador de España en Misión Especial para el Derecho del Mar, José Antonio de Yturriaga, distingue tres escenarios marítimos entre ambos países: una frontera ya consolidada en el Mediterráneo, la delimitación pendiente entre Canarias y la costa marroquí, y la frontera que debería establecerse entre Canarias y el Sáhara Occidental. Esta última, señala, implicaría reconocer la soberanía marroquí, lo cual contradice el derecho internacional vigente.

¿Qué dice el derecho internacional?

• Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), la delimitación marítima debe alcanzarse mediante acuerdo entre Estados soberanos.
• Marruecos no puede unilateralmente reclamar aguas sobre un territorio no autónomo aún en proceso de descolonización.
• El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha anulado acuerdos que incluían el Sáhara Occidental sin consentimiento del pueblo saharaui.
• La línea de equidistancia, defendida por España, es un criterio válido, pero debe negociarse respetando los derechos de todos los afectados, incluido el futuro Estado saharaui.

La Corte Internacional de Justicia o tribunales arbitrales podrían resolver la delimitación marítima si ambos Estados aceptan la jurisdicción correspondiente, pero esta posibilidad sigue bloqueada por la negativa de Marruecos a reconocer al Sáhara Occidental como un actor distinto.

Los recursos en juego y su importancia estratégica

El interés de ambas partes trasciende lo simbólico. La zona conocida como Monte Tropic, un volcán submarino situado entre Canarias y el Sáhara, alberga reservas de telurio, un mineral clave para las tecnologías de energía solar y otros sistemas de energía renovable. Además, las aguas contiguas son fundamentales para la pesca, con bancos ricos en especies migratorias que sustentan la economía de numerosas comunidades canarias.

Helenio Hoyos, investigador de la Universidad de La Laguna, destaca que "el control marítimo en esta zona no solo afecta a la soberanía territorial, sino también al futuro energético y económico del Atlántico oriental". Proyectos de energía eólica offshore, rutas marítimas de alta intensidad y futuras exploraciones mineras hacen de esta región un punto caliente de interés geoestratégico.

Una diplomacia española en equilibrio precario

El Gobierno de España se encuentra en una situación compleja. Por un lado, debe mantener relaciones estables con Marruecos, clave en temas como la migración, la seguridad antiterrorista y el comercio. Por otro, está obligado a respetar el derecho internacional y los mandatos de la ONU y la UE. La ambigüedad en su postura, especialmente tras el apoyo del PSOE a acuerdos que benefician a Marruecos en el Parlamento Europeo, ha sido criticada por expertos.

Alejandro del Valle, catedrático de la Universidad de Cádiz, califica las exigencias marroquíes de "disparates jurídicamente", y señala que "Marruecos no puede actuar como si fuera el Estado soberano de un territorio que ocupa ilegalmente". Los especialistas coinciden en que cualquier avance en la delimitación marítima debe esperar a que se resuelva el estatus final del Sáhara Occidental, lo que, según el derecho internacional, requiere un referéndum de autodeterminación.

El pulso continuará no solo en los mares, sino en las cancillerías, los foros internacionales y los informes legales. Mientras Marruecos insiste en los hechos consumados, España enfrenta la difícil tarea de proteger sus intereses sin renunciar a los principios del derecho internacional ni desestabilizar una relación bilateral marcada por múltiples dependencias. Como advierte Yturriaga: "Al final, no será Marruecos quien otorgue legitimidad a España sobre Canarias, sino el cumplimiento del derecho internacional lo que debe guiar cualquier solución duradera".