La Justicia cierra el curso con dos sentencias históricas y seis grandes frentes para el PSOE

El curso judicial que culmina este verano ha dejado dos sentencias históricas y al menos seis investigaciones que marcarán la agenda política tras la pausa estival. El 22 de junio el Tribunal Supremo condenó al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a 24 años y tres meses de prisión por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, la pena más alta impuesta a un exmiembro del Gobierno en la democracia. Tres semanas después, la Audiencia Provincial de Badajoz dictó una condena de nueve años de inhabilitación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por prevaricación.

Principales sentencias y procesos abiertos

Entre ambos fallos, la Audiencia Nacional ha vivido un periodo de gran intensidad. En julio la Plaza de la Villa de París se convirtió en punto de encuentro de periodistas, mientras se dictaba la vista previa del juicio “Operación Kitchen” y se mantenían abiertas cinco causas que volverán a los titulares en septiembre.

La sentencia contra Ábalos también condenó a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses, y a Víctor de Aldama a cuatro años y medio, suspensión de ingreso por su colaboración. El fallo de 224 páginas demostró que Ábalos utilizó su cargo para adjudicar contratos de mascarillas a la empresa de Aldama a cambio de comisiones mensuales de 10.000 €, así como el alquiler de una vivienda en Madrid para su pareja, Jessica Rodríguez.

El proceso contra “Koldo” continúa bajo la dirección del juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, dividido en tres piezas: una centrada en la adjudicación de mascarillas en Canarias y Baleares; otra que investiga presuntos amaños en obra pública vinculados a Santos Cerdán y la empresa Servinabar; y una tercera, bajo reserva, que examina pagos en metálico al PSOE relacionados con Ábalos y García.

En la línea de los “amaños” se encuentran dos macrocausas: el caso Leire y el caso Plus Ultra.

El caso Leire surgió en el Juzgado Central nº 5 en diciembre pasado, con el objetivo inicial de investigar al grupo “Hirurok”, integrado por la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, por presuntos favores en operaciones de la SEPI, entre ellas el rescate de Tubos Reunidos por 113 millones de euros. La investigación se amplió tras la intervención de la Guardia Civil, que detectó una reunión en Ferraz el 24 de abril de 2024 en la que Santos Cerdán y Leire Díez habrían coordinado la recopilación de información para proteger al presidente del Gobierno y a su entorno.

Esta ampliación ha llevado a la investigación a altos cargos de la Guardia Civil, incluyendo a la directora general Mercedes González, su antecesor Leonardo Marcos y el actual director de Operaciones (DAO), Manuel Llamas, por presunta presión a la Unidad Central Operativa (UCO) mediante informaciones reservadas.

El conflicto de competencia entre la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, que también investiga las supuestas “cloacas” del PSOE, sigue sin resolverse. El juez Pedraz ha advertido que, de no resolverse antes de la primera semana de septiembre, planteará una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo.

En la última semana de julio se cerraron las declaraciones de Celia Rodríguez y Covonga San Pedro, ambas del PSOE, que atribuyeron a Cerdán la financiación de cuatro viajes de Leire Díez y su acceso al aparcamiento de Ferraz. También compareció Daniel Mateo, colaborador de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, quien afirmó que Díez actuaba “en nombre del one”, refiriéndose al presidente Pedro Sánchez.

De cara a septiembre, el juez ha citado como investigados a la exgerente del PSOE Ana María Fuentes (9 de septiembre), al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos (10 de septiembre) y al fiscal jefe de Badajoz José Luis Alonso como testigo. La declaración de Leire Díez queda aplazada hasta resolver el conflicto de competencia.

El caso Plus Ultra comenzó como una investigación sobre los 53 millones de euros que la SEPI concedió a la aerolínea Plus Ultra. El 26 de febrero el procedimiento llegó a la Audiencia Nacional, bajo la dirección del magistrado José Luis Calama. El 19 de mayo el juez imputó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueo de capitales y tráfico de influencias, señalándolo como “líder estratégico” de una trama que habría utilizado su red de contactos institucionales para beneficiar a la empresa.

Según la instrucción, la trama habría sido gestionada por Julio Martínez Martínez, colaborador de Zapatero, a través de una compleja estructura societaria que movilizó más de cinco millones de euros a través de 27 sociedades y 57 cuentas bancarias. En junio se abrió una pieza separada para investigar unas joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros encontradas en el despacho de Zapatero, y se le imputó también un presunto delito contra la Hacienda Pública y otro de contrabando.

El 20 de julio la Audiencia Nacional recibió escritos de colaboración de Julio Martínez, de la propia Plus Ultra y de sus representantes, Julio Martínez Solá y Roberto Roselli. En ellos se reconoce que Zapatero lideraba la consultora “Análisis Relevante”, captaba clientes y definía la estrategia, mientras que Martínez y sus socios admitieron pagos de alrededor de 530 000 € al entorno empresarial de Martínez y varios vuelos en clase business no abonados.

El 29 de julio el magistrado Calama describió la arquitectura financiera de la presunta trama y ordenó la solicitud de información a catorce entidades financieras. También rechazó la suspensión de las inspecciones fiscales de la Hacienda sobre Zapatero y su familia.

Para septiembre están previstas las comparecencias de Roberto Roselli (7 de septiembre) y Julio Martínez Solá (8 de septiembre), así como la declaración de las hijas de Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa.

El caso Begoña Gómez avanza hacia un juicio oral en la Audiencia Provincial de Madrid. El 16 de julio el tribunal confirmó que la esposa del presidente del Gobierno y su asesora Cristina Álvarez deberán comparecer en un proceso popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Se ha reducido la petición de pena de la acusación popular de 24 a 13 años, mientras la Fiscalía sigue solicitando la absolución.

El 29 de julio Begoña Gómez sustituyó a su abogado Antonio Camacho por el penalista Jaime Campaner, lo que retrasará la presentación de los escritos de defensa hasta septiembre, fecha en la que se fijará el juicio oral.

En el caso “Kitchen”, la Audiencia Nacional, tras 37 sesiones, dejó vista para sentencia el 28 de julio. La Fiscalía pide 15 años de prisión para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su exnúmero dos Francisco Martínez, y hasta 19 años para el excomisario José Manuel Villarejo, por una supuesta operación parapolicial en 2013 destinada a sustraer documentos comprometidos del tesorero del PP, Luis Bárcenas.

Por último, el 16 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró compatible la Ley de Amnistía catalana con el Derecho comunitario, permitiendo que el Tribunal Supremo anule la responsabilidad penal de trece procesados del “procés”. No obstante, la amnistía no cubre los delitos de malversación que se investigan contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros dirigentes, cuestión que el Tribunal Constitucional resolverá el próximo otoño.

Mira tambien: