Aldama 'endosó' a su socio el chalé de Cádiz para Ábalos cuando avanzaban las negociaciones de Villafuel
Cuatro agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han declarado ante el Tribunal Supremo que el empresario Víctor de Aldama habría aprovechado el impulso de las negociaciones para la obtención de la licencia de hidrocarburos de Villafuel con el fin de “endosar” a su socio, Claudio Rivas, el pago de un chalet en La Alcaidesa (Cádiz). Según los agentes, dicha operación forma parte de una contraprestación vinculada al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el marco de gestiones destinadas a facilitar la concesión de la licencia.

El interrogatorio, que se extendió hasta las 00:03 h del martes, detalló que la supuesta trama de hidrocarburos, que está bajo investigación en la Audiencia Nacional, habría incluido la adquisición del inmueble en el verano de 2021, precisamente cuando las negociaciones para la licencia de Villafuel se encontraban en una fase favorable. No obstante, la autorización inicial no se concedió y, con el tiempo, la licencia llegó a otorgarse por vías diferentes.
Detalles de la presunta trama
Los agentes explicaron que, en un primer momento, las gestiones para que la empresa de Rivas obtuviera la autorización ministerial avanzaron positivamente, generando la expectativa de cerrar la operación. En ese contexto, Aldama habría impuesto a su socio el coste del chalet, de modo que Rivas, y no él, fuera quien asumiera las obligaciones económicas vinculadas al inmueble.
La investigación también señala la participación de Leonor Pano y su madre, Carmen Pano, en la compra de la vivienda, que supuestamente estaba destinada a un uso eventual por parte de Ábalos. Según la acusación, la operación se realizó mediante una opción de compra a través de una sociedad controlada por las Pano, bajo instrucciones de Aldama. La transacción se habría concretado tras la intervención del exasesor de Ábalos, Koldo García, quien habría facilitado contactos entre representantes de Villafuel y funcionarios del Ministerio de Industria.
Asimismo, los agentes afirmaron que tanto Koldo García como el propio exministro recibieron de manera continuada supuestos pagos de Aldama, incluso después de la salida de Ábalos del Gobierno. Entre las supuestas contraprestaciones se encuentran pagos mensuales de 10 000 euros y el abono, a través de un testaferro, del alquiler de la vivienda de Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos. Según la Guardia Civil, estos pagos pretendían garantizar el acceso privilegiado del empresario al entonces ministro y su capacidad de influencia dentro de la administración.
En el mismo esquema de beneficios, se incluye el chalet de Cádiz, adquirido por Claudio Rivas por cerca de medio millón de euros, como parte de la compensación por las gestiones orientadas a obtener la licencia de hidrocarburos. La UCO indica que Aldama habría cobrado alrededor de 290 000 euros por su intermediación en la operación, la cual se vio afectada por el fracaso inicial de la licencia y culminó en un procedimiento de desahucio sobre el inmueble.
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