Alemania pide un mayor poder de decisión para los Estados miembros en la futura certificación europea de ciberseguridad
Alemania ha presentado una propuesta para reforzar la capacidad de decisión de los Estados miembros dentro del futuro marco europeo de certificación de ciberseguridad, que forma parte de la reforma del Cybersecurity Act (CSA2) impulsada por la Comisión Europea.
El Gobierno alemán sostiene que los gobiernos nacionales deben participar de forma más estrecha en la definición de los objetivos de seguridad, ya que estos evolucionan junto con las nuevas tecnologías y las ciberamenazas.
Propuestas concretas de Alemania
En el documento de debate al que ha tenido acceso la firma de análisis regulatorio MLex, Alemania plantea dos cambios clave:
- Utilizar actos de ejecución en lugar de actos delegados para modificar los objetivos de seguridad. Los actos de ejecución exigen una participación formal de los Estados miembros antes de la adopción de la medida, mientras que los actos delegados otorgan a la Comisión un margen de discrecionalidad mayor.
- Alinear la CSA2 con el Nuevo Marco Legislativo europeo sobre productos, creando un único esquema de certificación para todo el bloque y evitando la existencia de procedimientos separados de certificación y vigilancia del mercado. Además, se propone incorporar la certificación de profesionales de ciberseguridad dentro del marco actual.
Estas iniciativas se insertan en una discusión más amplia que ha reunido a varias capitales europeas. En abril, otro informe de MLex basado en los comentarios de 20 Estados miembros indicaba que varios países demandaban una reforma integral del marco de ciberseguridad de la UE, con mayor control nacional y una gobernanza más clara.
Un amplio grupo de países, entre los que se encuentran España, Eslovaquia y Bélgica, ha defendido el fortalecimiento del control de los Estados sobre los procedimientos de certificación.
Dimensión económica de la reforma
Uno de los puntos más controvertidos de la revisión de la Ley de Ciberseguridad es la retirada progresiva, en un plazo de tres años, de ciertos equipos suministrados por proveedores considerados de alto riesgo.
Según un reciente análisis de GSMA Intelligence, la sustitución de estos equipos supondría a las operadoras de telecomunicaciones europeas un coste directo estimado entre 30 000 y 40 000 millones de euros, además de posibles repercusiones en la competencia, los precios y la inversión.
España también ha participado activamente en la negociación de la CSA2, tras someter la propuesta europea a consulta pública. Desde entonces, el debate ha avanzado en el Consejo de la Unión Europea, donde los Estados miembros han respaldado, en términos generales, la simplificación del marco de certificación y han exigido mantener una fuerte participación nacional a lo largo de todo el proceso.
Con su iniciativa, Alemania sitúa en el centro de la negociación europea el equilibrio entre una certificación común para toda la UE y la capacidad de los Estados miembros para intervenir en decisiones que puedan afectar directamente a su seguridad nacional.
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