Robles mantiene su versión frente a Marlaska: "El CNI y el CIFAS realizaron la labor que les era exigible"
La ministra de Defensa, Margarita Robles, compareció este martes ante la Comisión de Defensa del Congreso a petición propia, convirtiéndose en la primera del Gobierno en presentarse esta semana ante sus respectivas comisiones para rendir cuentas sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, provocada por la entrada masiva de inmigrantes irregulares a finales de julio.
En paralelo, el Gobierno decretó la creación de un mando único para la coordinación de los trabajos en Ceuta, que encabezará el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con el apoyo de un comité integrado por otros ministros, representantes de los cuerpos de seguridad nacional y el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.
Declaraciones de la ministra y discrepancia con el interior
Robles inició su intervención subrayando que toda actuación en la ciudad autónoma se regirá por la legislación nacional, los compromisos internacionales y los derechos humanos. Expresó empatía con los ciudadanos de Ceuta, diciendo: «Ceuta tiene toda mi empatía; conozco de primera mano la sensación de abandono, angustia e inseguridad. Pido disculpas a quienes se sientan abandonados». Reafirmó la soberanía española, asegurando que «Ceuta y Melilla son España y representan lo mejor de nuestro país».
La ministra también declaró que España no tolerará cuestionamientos a su soberanía y que cualquier intento de agresión será considerado un ataque a todo el Estado. Aunque no mencionó explícitamente a Marruecos, sus palabras dejaron entrever que la cuestión migratoria está vinculada a la situación con el vecino del sur.
Un punto de fricción surgió con el ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, quien sostuvo que el CNI no advirtió de antemano la entrada masiva en Ceuta. Robles contestó que el CNI y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas realizaron la labor requerida, monitorizando la situación con 25 agentes y proporcionando la información necesaria, aunque parte de sus actividades permanecen clasificadas.
Los grupos parlamentarios del PP, Vox y UPN presionaron a la ministra para que aclarara la discrepancia, llegando la portavoz del PP, Ester Muñoz, a preguntar: «¿Quién miente, usted o el ministro Grande‑Marlaska?». Robles mantuvo su versión, señalando que los agentes y las Fuerzas Armadas habían trabajado antes de la llegada masiva y que muchas comunicaciones son confidenciales.
El diputado de UPN, Alberto Catalán, instó a la ministra a romper el silencio y asumir responsabilidades, sin obtener una respuesta que desmienta la posición de Grande‑Marlaska.
Robles describió la crisis de Ceuta como un proceso de tres fases: una primera fase de organización en redes sociales, una segunda fase de asaltos masivos que comenzaron el 30 de julio a las 11 h y una tercera fase de retorno paulatino a Marruecos a partir del 1 de agosto. Indicó que, entre las 11:30 h del 30 de julio y las 19:00 h, la afluencia alcanzó una media de 5 200 entradas por hora, lo que obligó al cierre de comercios por inseguridad y al despliegue de personal militar bajo la solicitud del delegado del Gobierno.
El 23 h se inició el acorralamiento de migrantes en el polígono del Tarajal. Robles anunció que la vigilancia se reforzaría y que la Unión Europea aportará ayuda, sin precisar su alcance.
Los partidos de la oposición fueron duros en sus críticas. La portavoz del PP, Ester Muñoz, recordó que en 2021 ya se había advertido de una posible oleada migratoria y acusó al Gobierno de renunciar a los recursos necesarios para la defensa. Vox, representado por el retirado militar Alberto Asarta, calificó la gestión como «incapaz» y acusó al Ejecutivo de falta de voluntad política.
ERC, a través de Francesc‑Marc Álvaro Vidal, cuestionó la postura del Gobierno de considerar a Marruecos un «socio fiable» y sugirió que los hackeos con Pegasus a Sánchez y a Grande‑Marlaska podrían haber influido en la respuesta. Junts, con Isidre Gavín, y el PNV, con Mikel Legarda, coincidieron en señalar una «multicrisis» humanitaria, de seguridad y de pérdida de confianza institucional.
Robles reconoció errores y pidió disculpas a los ceutíes, admitiendo que la sensación de abandono y angustia es consecuencia de fallos en la gestión. Aseguró que se extraerán lecciones de la crisis, que algunos datos, como el número de fallecidos, se publicarán una vez finalicen los trabajos de cribo, y que se investigarán posibles intentos externos de desestabilización tanto de España como de la UE.
Los socios del Gobierno, Sumar y EH Bildu, mantuvieron una postura más comedida. El diputado de Sumar, Txema Guijarro, pidió acelerar los traslados de menores y solicitantes de asilo a la península, mientras que EH Bildu, representado por Jon Iñarritu, exigió datos precisos sobre la composición de los migrantes (menores, mujeres, solicitantes de asilo) y una información clara sobre posibles fallecimientos.
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