Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, tercia en la precampaña a favor de la ley de Nietos
Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, ha presentado este viernes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de anular la suspensión del derecho al voto a los españoles naturalizados bajo la Ley de Memoria Democrática, medida que el Tribunal Supremo confirmó el pasado 12 de octubre.
En el comunicado emitido por la institución que dirige, se solicita al Tribunal de Garantías la adopción de medidas cautelares que permitan a los afectados ejercer su sufragio en las elecciones generales del 29 de noviembre. Asimismo, se pide al Constitucional que se pronuncie sobre la interpretación del TS respecto a la suspensión del derecho fundamental al voto de los nacionalizados según la denominada “ley de Nietos”.
Fundamento del recurso y alcance de la suspensión
El Supremo mantuvo la suspensión cautelar del voto para 163 020 personas que obtuvieron la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, salvo que los consulados acrediten su condición de descendientes de exiliados. La Sala Cuarta del Tribunal Contencioso‑Administrativo desestimó el recurso presentado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra el auto que paralizó las inscripciones en el Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA).
Gabilondo, tras recibir numerosas solicitudes de amparo tanto de particulares como de entidades, reiteró en una rueda de prensa el 8 de octubre que la nacionalidad conlleva el derecho al voto. “Si eres español, tienes derecho al voto. No se puede ser español con derecho a voto y, a la vez, no tenerlo”, afirmó, añadiendo que la normativa debe aplicarse de forma coherente y sin “caminos imposibles” para determinar quiénes son “verdaderamente españoles”.
El Defensor del Pueblo señaló que la concesión de la nacionalidad a hijos y nietos de exiliados, mediante la Ley de Memoria Democrática, está en consonancia con el “espíritu de la Transición” y debe garantizar la participación plena de esos ciudadanos en la vida política del país.
Por su parte, la Junta Electoral Central (JEC) ha anunciado que enviará la documentación electoral a todos los inscritos en el CERA, aunque advierte que los que se encuentren bajo la suspensión decretada por el Supremo podrían no poder ejercer su voto. Las autoridades electorales buscan, en la medida de lo posible, que la documentación llegue a todos los electores que no estén afectados por la resolución judicial.
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