El PSOE sella un pacto con Frente Amplio en toda España salvo Cataluña y Canarias para intentar arrebatar el Senado al PP
Al filo de la medianoche, a escasas horas del cierre del plazo legal, el PSOE y Frente Amplio lograron cerrar un pacto histórico para presentar listas conjuntas al Senado en la mayoría del territorio nacional. El acuerdo, calificado como “histórico” por ambas partes, se materializa bajo la marca “Senado de Progreso” y busca impedir que el Partido Popular obtenga la mayoría absoluta en la Cámara alta en las elecciones generales del 29 de noviembre.
Un pacto que cubre 43 provincias y 47 circunscripciones
Las listas unitarias se presentarán en 43 provincias y 47 circunscripciones, lo que incluye prácticamente toda España: las cuatro islas Baleares y la circunscripción de La Gomera, pero excluye las cuatro provincias catalanas (Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona) y las islas de Gran Canaria y Tenerife. En total, los partidos firmantes son el PSOE, Unidas Podemos (IU), Movimiento Sumar, Compromís, Más Madrid, Chunta Aragonesista y Batzarre, con acuerdos adicionales para las Baleares y La Gomera.
El pacto surge de la iniciativa ciudadana “Señoras y Señores por la Democracia”, y las formaciones comprometidas se han comprometido a “ser consecuentes con este esfuerzo” mediante el diálogo y la responsabilidad. Los socialistas subrayan que “no son unas elecciones más” y que la unidad progresista es esencial para enfrentar los recortes que propone el PP y Vox en pensiones, vivienda y derechos sociales.
El acuerdo debe ser ratificado en el Comité Federal del PSOE, que se reunirá en Fuenlabrada, donde Pedro Sánchez pretende convertir la sesión en un mitin de aclamación y lanzamiento de la precampaña del 29‑N. Las listas deberán registrarse ante las Juntas Electorales antes del 26 de octubre.
En medio de la concreción del pacto, la ejecutiva del PSOE sufrió la dimisión fulminante de Montse Mínguez, portavoz de la campaña, por los negocios de la familia de su pareja.
Conflictos internos en la candidatura
El proceso de elaboración de las listas no estuvo exento de tensiones. En Burgos, el Comité Provincial había propuesto a Luis Tudanca como candidato al Senado y a Esther Peña como cabeza de lista al Congreso. El Comité Federal, liderado por Pedro Sánchez, anuló esas propuestas y designó a la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, y al ex procurador autonómico Jesús Puente como primeros y segundos candidatos al Senado, generando malestar entre la militancia local.
En Palencia, la candidatura impulsada por el comité provincial —Álvaro Bilbao, concejal de Urbanismo y favorito de la base— fue sustituida por Luz Martínez Seijo, exsecretaria de Educación a nivel federal y diputada desde 2016. La sustitución provocó la denuncia de la secretaria provincial, Miriam Andrés, de que “se ha pasado la voz de la militancia por el forro”.
En Castilla‑La Mancha, la disputa se centró en Albacete. Allí la dirección federal impuso a Amparo Torres, originalmente candidata al Senado, como cabeza de lista al Congreso, desplazando a Emilio Sáez. La nueva cabeza de lista al Senado es Isabel Belén Iniesta. Aunque el Comité Provincial expresó su desacuerdo, votó a favor del dictamen de la Comisión de Listas.
Otros ajustes menores se registraron, como el ascenso de José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, al primer puesto de la lista al Senado por la provincia de Badajoz.
El objetivo común de PSOE y Frente Amplio es evitar que la derecha controle la Cámara alta y, mediante la alianza, optimizar el voto progresista. La experiencia de 2000, cuando PSOE e IU concurrieron juntos al Senado con resultados desfavorables, sirve de referencia, aunque el contexto actual —gobierno de coalición y una relación más consolidada entre ambas fuerzas— es sustancialmente diferente.
Los socialistas afirman que este impulso “nos acerca un paso más a ampliar la mayoría progresista y seguir conquistando derechos”. Frente Amplio, por su parte, destaca la “urgencia democrática de devolver al Senado el papel que le asigna la Constitución”, convirtiéndolo en un espacio de encuentro y cooperación entre territorios, comunidades autónomas y ciudadanos.
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