Aragón regula las actividades extraescolares y los viajes de estudios para reforzar su seguridad
El Gobierno de Aragón pondrá en marcha, a partir de este martes, una nueva normativa destinada a regular las actividades complementarias, extraescolares y las salidas educativas de los centros públicos. El objetivo principal es establecer criterios comunes y reforzar la seguridad jurídica de docentes, alumnado y familias.

La orden, que entrará en vigor el 25 de agosto, determina que dichas actividades deberán estar incluidas en la Programación General Anual, contar con la autorización del Consejo Escolar y disponer de una planificación de riesgos adecuada. La participación será voluntaria, salvo en los casos de actividades complementarias vinculadas al currículo.
Puntos clave de la normativa
Entre los aspectos más relevantes, se establece que los docentes tendrán derecho a un descanso mínimo de 12 horas tras regresar de una actividad. Asimismo, la norma fija ratios orientativos de acompañamiento:
- Infantil: 1 docente por cada 15 alumnos.
- Primaria: 1 docente por cada 23 alumnos.
- Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional: 1 docente por cada 30 alumnos.
- Educación Especial: 1 docente por cada 3 alumnos.
Como regla general, todas las actividades deberán contar con al menos dos docentes responsables.
Los centros deberán realizar valoraciones individuales de los alumnos con necesidades específicas y establecer medidas de adaptación que garanticen su participación en condiciones de seguridad e igualdad. Solo de forma excepcional podrá acordarse la no participación de un alumno cuando no sea posible asegurar su seguridad mediante medidas organizativas razonables.
La orden incluye ocho anexos que recogen criterios de organización, modelos de autorización familiar, protocolos ante incidencias, medidas de protección y la obligatoriedad de formación en primeros auxilios para los docentes que intervengan.
Esta normativa tendrá carácter transitorio durante el curso 2026/27 y permanecerá vigente hasta que, en 2027, se apruebe una regulación definitiva. Su aplicación permitirá evaluar su funcionamiento y recoger aportaciones de la comunidad educativa para su posterior mejora.
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