Azcón supedita la "prioridad nacional" del pacto con Vox a los informes jurídicos y niega cambios en la atención sanitaria

Un día después de que el Gobierno de Aragón firmara el acuerdo con Vox, el presidente en funciones, Jorge Azcón, afirmó que el llamado principio de “prioridad nacional”, incluido en el pacto entre el PP y Vox, solo podrá aplicarse si se ajusta plenamente a la legalidad. En palabras del presidente, “es viable únicamente si cumple con el principio de legalidad”.

Legalidad y control jurídico

Azcón subrayó que ninguna medida del Ejecutivo autonómico entrará en vigor sin el aval previo de los servicios jurídicos de la comunidad. Recordó, además, que la inmigración y la extranjería son competencias del Gobierno central, aunque defendió que las comunidades autónomas pueden establecer criterios propios en áreas como ayudas sociales, vivienda o prestaciones vinculadas al arraigo y la residencia.

En relación con el punto más controvertido del acuerdo, que plantea que el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se base en la “prioridad nacional” y excluya a quienes estén en situación irregular, salvo en casos de urgencia vital, Azcón aseguró que en Aragón la atención sanitaria será idéntica para todos: “Se atenderá a todo el mundo en hospitales y centros de salud de la misma manera, sin ningún cambio”.

Según el presidente, la polémica alrededor de este asunto constituye “política del miedo”. Destacó la diferencia entre debate político y jurídico y reiteró que ningún expediente llegará al Consejo de Gobierno sin el informe previo de los servicios jurídicos.

El principio de prioridad nacional se vinculará a criterios como la residencia legal, los años de permanencia en la comunidad y el vínculo con el territorio. Como ejemplo, Azcón adelantó que el Ejecutivo pretende elevar el tiempo de residencia exigido para acceder a un alquiler social o a una vivienda pública, argumentando que “tiene sentido que quien lleva más años viviendo en Aragón tenga preferencia”.

Azcón también criticó la política migratoria del Gobierno central y la llegada de inmigrantes irregulares, tanto adultos como menores, a la comunidad. Acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de tomar decisiones que afectan a cientos de miles de menores sin dialogar con las comunidades autónomas, sin aportar recursos suficientes y con sistemas de acogida ya tensionados.

En materia lingüística, el presidente respaldó otro de los puntos del pacto con Vox, que propone “liberar a Aragón de la imposición del catalán” y suprimir el Instituto Aragonés del Catalán. Argumentó que el Estatuto de Autonomía habla de “modalidades lingüísticas” y no menciona el catalán, señalando que en municipios como Fraga no se habla catalán, sino aragonés.

Azcón también se opuso firmemente a la posibilidad de exigir el conocimiento del catalán para obtener el permiso de residencia en Cataluña, calificándolo de “absolutamente inconcebible”. Comparó esta medida con los debates que se están generando en Aragón y Extremadura a raíz de los acuerdos con Vox.

Más allá de la “prioridad nacional”, el futuro Ejecutivo aragonés centrará su agenda en la puesta en marcha de las obras del nuevo hospital Royo Villanova, el impulso de la vivienda pública y la reducción fiscal para rentas bajas y clases medias. En su intervención, Azcón concluyó reafirmando que su prioridad son los aragoneses y expresó su orgullo por la identidad española de la comunidad.

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