Ceuta, el último frente de Sánchez en la agenda de las vacaciones en La Mareta
España ya ha entrado en su tradicional mes de vacaciones, pero el julio que acaba de concluir no ha sido, en absoluto, un periodo de reposo político ni judicial. La última semana antes del paro estival se vio marcada por una serie de incendios forestales en la zona centro‑norte del país (Ávila, Toledo, Castellón, Zamora) y, sobre todo, por una crisis migratoria de gran magnitud en Ceuta.
Durante unas horas, entre 50 000 y 60 000 inmigrantes, mayoritariamente procedentes de Marruecos, arribaron a la ciudad autónoma. Entre los recién llegados había jóvenes, niños y familias completas. El éxodo provocó la muerte de 67 personas en el mar. El Gobierno anunció, a las 18 h del viernes, la salida “voluntaria” de 48 300 extranjeros, y elogió la cooperación de Rabat.
Crisis migratoria en Ceuta y reacción internacional
Pedro Sánchez viajó a Ceuta acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, para atender la emergencia, que superó en números a la llegada irregular de 2021. Se estima que unos 7 000 de los recién llegados son menores, en una ciudad que cuenta con apenas 84 000 habitantes. Desde la perspectiva de la autoridad española, el ingreso constituyó una “violación” de la integridad territorial.
El Gobierno atribuyó la oleada migratoria al fallo del Tribunal Supremo del 8 de julio, que interpretó que la devolución “en caliente” solo procede cuando el migrante intenta superar un elemento de contención, como una valla. En ese sentido, la administración española y la de Marruecos rechazaron otras lecturas que vinculaban la masiva entrada con la reciente visita del presidente Sánchez a Argelia o con presiones marroquíes relacionadas con la cuestión saharaui.
En el plano operativo, se instaló una barrera neumática de 500 m de longitud en la frontera, diseñada para cumplir con la interpretación del Tribunal y facilitar las devoluciones rápidas. Las autoridades españolas anunciaron la posibilidad de reformar la Ley de Extranjería para afinar su redacción.
Según los datos oficiales, alrededor de 69 500 inmigrantes habían sido devueltos a Marruecos, lo que, según el ministro del Interior, permitió “recuperar la normalidad” en Ceuta en apenas 24 horas. Sin embargo, la gestión de la crisis ha tensionado las relaciones de España con varios socios de la UE. Italia, bajo el gobierno de Giorgia Meloni, anunció una suspensión temporal del Acuerdo Schengen para los ciudadanos de terceros países que lleguen desde España; Finlandia y Dinamarca también expresaron su descontento, mientras que Polonia instó a seguir su ejemplo para salvaguardar el espacio Schengen.
En contraste, la posición de otros dirigentes europeos fue de apoyo. El presidente francés Emmanuel Macron manifestó su solidaridad y ofreció asistencia a través de Frontex; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió que las devoluciones se realicen con rapidez y reforzó el control de la situación junto a los comisarios Magnus Brunner y Dubravka Šuica. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, elogió la “cooperación” entre España y Marruecos y subrayó la necesidad de desmantelar las redes de tráfico de personas.
Ante la divergencia de posturas, Sánchez remitió una carta a la Comisión Europea y a los ministros del Interior de los Veintisiete solicitando una reunión extraordinaria de urgencia para abordar la crisis en Ceuta, considerada la frontera exterior de la UE.
Mientras la crisis migratoria se atenúa, el Gobierno vuelve su atención a la agenda interna. En la última semana de julio, además de los incendios forestales, Sánchez ha comenzado a preparar los Presupuestos Generales para 2027, el Real Decreto‑Ley de Vivienda y la reforma de la financiación autonómica. La fecha de las elecciones generales, prevista para 2027, sigue sin confirmarse.
En el contexto político interno, el Ejecutivo busca el apoyo de Junts per Catalunya para aprobar el proyecto de ley de condonación de deuda autonómica y para avanzar en la financiación autonómica, aunque las negociaciones siguen abiertas y el presidente del Gobierno ha enfatizado que la “integridad del espacio Schengen está garantizada” y que los migrantes que ingresaron por Ceuta no pueden trasladarse a la península sin pasar por controles policiales.
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