El juez Calama destapa la conexión china en la trama de Zapatero
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha centrado por primera vez la investigación del caso Plus Ultra en una presunta estructura internacional de influencia y cobro de comisiones vinculada al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En un auto de 85 páginas, el magistrado describe una organización “estable y jerarquizada” dedicada, según la acusación, al tráfico de influencias y al blanqueo de capitales, con conexiones societarias en Dubái y movimientos financieros internacionales que, según el instructor, servirían para ocultar el destino real de los fondos.
La resolución acuerda citar a Zapatero como investigado el próximo 2 de junio y autoriza el registro de su oficina y de varias sociedades relacionadas con la supuesta trama, entre ellas la empresa de sus hijas, Whathefav SL.
Principales hallazgos de la investigación
Calama señala que, bajo supuestas instrucciones de Zapatero, se impulsó la creación de una sociedad en Dubái —Landside Dubai FZCO o Landside Middle East FZCO—, cuya participación está íntegramente controlada por Idella Consulenza Strategica. La constitución de esta entidad coincidió temporalmente con el contrato que fijó el cobro del 1 % del rescate público concedido a Plus Ultra, unos 530 000 euros. El juez interpreta que esta operativa pretendía “canalizar fondos al extranjero” y dificultar su trazabilidad en España mediante estructuras opacas y sociedades instrumentales.
La investigación también enlaza la red financiera con empresarios y sociedades de origen chino instalados en España. Según el auto, se registraron transferencias y pagos procedentes de distintas firmas privadas que habrían terminado, presuntamente, en el entorno societario de Zapatero y en la empresa Whathefav SL. El magistrado considera acreditado de forma indiciaria que la trama utilizó contratos de consultoría y asesoría “ad hoc” para justificar los movimientos económicos y ocultar el origen de los fondos.
En el esquema señalado, Julio Martínez Martínez actuaría como gestor del entramado empresarial y receptor de instrucciones directas del expresidente, mientras que la secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar, habría coordinado la operativa diaria.
Una de las piezas empresariales que orbitaba alrededor del entorno de Zapatero es la empresa Gate Center, un lobby pro‑chino impulsado por el expresidente y gestionado por la consultora Thinking Hes, vinculada al empresario Daniel Romero‑Abreu. Según la investigación, sociedades del grupo Thinking Hes habrían remitido 681 318 euros a Zapatero y 12 297 euros a Whathefav SL. Gate Center se presenta oficialmente como un “centro de reflexión y análisis” dedicado a estrechar relaciones entre España y China.
El nombre de Fangyong Du, conocido en círculos socialistas como “Miguelito Duch”, también aparece en la trama. Du, considerado uno de los hombres clave en la red de contactos asiáticos de Zapatero, liquidó varias de sus empresas apenas horas antes de la operación policial contra Plus Ultra, lo que despertó el interés de los investigadores. Aunque el juez no menciona directamente a Du en el auto, describe una estructura internacional basada en sociedades instrumentales, triangulación de pagos y vehículos empresariales creados para desplazar fondos y dificultar su rastreo.
Calama indica, además, que la red habría trabajado no solo para conseguir el rescate público de Plus Ultra a través de la SEPI, sino también para abrir una segunda vía de influencia internacional relacionada con Venezuela. Según el auto, varios investigados realizaron gestiones ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano para garantizar autorizaciones de vuelo a la aerolínea.
El magistrado concluye que, al menos en esta fase inicial, los hechos encajan en los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. No obstante, rechazó la autorización para registrar el domicilio particular de Zapatero, al considerar que no existían indicios suficientes para justificar una medida de tal intensidad. En cambio, sí aprobó el registro de la oficina desde la que el expresidente desarrolla su actividad profesional, argumentando que la “amplia difusión mediática” del caso reduce la probabilidad de encontrar pruebas relevantes en el domicilio privado y que existen “vías menos intrusivas” para continuar la investigación sobre la presunta trama internacional que habría operado alrededor del rescate de Plus Ultra.
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