Un mar de niños
Quince días después de la invasión de Ceuta, la ciudad autónoma sigue sin haber recuperado la normalidad. Los datos oficiales difieren significativamente de la realidad que se vive en el terreno. Los menores que lograron entrar y que continúan en condiciones lamentables no son los 1.400 que anunció el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ni los 1.527 que indicó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el pasado miércoles. Según una fuente oficial presente en Ceuta, a día de hoy se encuentran acogidos 1.450 niños, entre los que hay que contar 816 niñas y menores de 10 años, distribuidos en tres centros diferentes. Además, se suman 4.499 menores registrados en el barrio del Príncipe Alfonso, al sur de la ciudad, junto a Castillejos. En total, son 6.765 menores que no pueden ser expulsados ni devueltos de forma masiva, como ocurrió anteriormente, vulnerando los procedimientos legales y provocando una sentencia condenatoria del Tribunal Supremo.
Situación de los menores y la respuesta institucional
Una funcionaria que atiende directamente el problema de los menores sin acompañamiento describe la situación como “un mar de niños”. La solución no puede limitarse a alojarlos y proporcionarles comida; requieren atención sanitaria, educación y el amparo de las familias que los enviaron a España porque no pueden garantizarles un futuro. La ministra de Sanidad aún no ha comparecido en Ceuta, pero esa ausencia es solo un detalle frente al drama humano que se debe resolver.
Además de los casi 7.000 menores, hay varios miles de jóvenes que no desean regresar a Marruecos. De ellos, 2.500 han solicitado asilo, por lo que tampoco pueden ser expulsados, ya que la legislación española los protege. Devolver a las casi 80.000 personas que cruzaron la frontera en la noche del 30 de julio no es tan sencillo como afirma el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a pesar de sus supuestas buenas relaciones con el homólogo marroquí, Nasser Bourita. Ni los menores ni los solicitantes de asilo pueden ser retornados a Marruecos sin cumplir con los requisitos legales, algo que los residentes de Ceuta conocen bien tras la invasión pacífica de hace dos semanas.
El principal temor de los ceutíes no es la escasez de alimentos, la inseguridad en las calles o la responsabilidad de acoger a miles de menores sin hogar, sino la percepción de que España no ha sido capaz de proteger su frontera. Desde hace semanas, la entrada de personas sin autorización se disparaba de forma exponencial respecto a años anteriores.
Una fuente local asegura que los ceutíes “siempre han vivido con la maleta bajo la cama; han aguantado”. Sin embargo, tras los acontecimientos de finales de julio, muchos de los que puedan, se marcharán, una consecuencia que el Gobierno parece haber ignorado. La mayoría de la población, sin distinción política o religiosa, se siente ceutí y considera a Ceuta parte integral de España.
Once días después del asalto, el ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, declaró en una cena organizada por Asharq News que el reino alauí nunca ha renunciado a la soberanía sobre Ceuta y Melilla, y que en cada reunión bilateral con España se reivindica la devolución del territorio.
Resulta difícil comprender que la irrupción de 80.000 personas en una noche —en una ciudad cuya población es de 83.000 habitantes— no haya sido detectada por las fuerzas de seguridad marroquíes, especialmente cuando, a 40 kilómetros de allí, se celebraba la Fiesta del Trono, la festividad más importante del país, que conmemora la entronización de Mohamed VI.
Lo ocurrido el 30 de julio supone un salto cualitativo en la relación entre Marruecos y España. El CNI, que cuenta con fuentes en Marruecos, aparentemente no alertó sobre el movimiento masivo hacia la frontera. El ministro del Interior, Grande-Marlaska, afirmó rotundamente que el CNI no avisó. Si esa versión fuera cierta, la responsable del Centro de acogida, Esperanza Casteleiro, debería haber dimitido. Muchos sospechan que se trata de una maniobra para eludir la responsabilidad del ministro al que depende la seguridad fronteriza.
El Gobierno ha tratado de minimizar la situación, calificándola de “crisis migratoria”, alejada de la realidad. La invasión de 80.000 jóvenes el mismo día que se celebraba la llegada de Mohamed VI al poder refuerza la percepción de un cambio estratégico en la política marroquí hacia España. Ante este problema tan grave, la única medida tomada ha sido la destitución de la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional por haber difundido el número de inmigrantes que asaltaron Ceuta.
Algunas preguntas permanecen sin respuesta: ¿por qué la aparente complacencia con Marruecos? Una posible pista se encuentra en el supuesto hackeo del teléfono móvil del presidente Sánchez y de varios ministros (Grande-Marlaska, Margarita Robles y Luis Planas) entre 2020 y 2021 mediante el software Pegasus, supuestamente a manos de una potencia extranjera. Ese espionaje coincidió con momentos de mayor tensión entre los gobiernos de España y Marruecos, incluido el paso secreto del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, a España para recibir tratamiento por Covid. Tras esos hechos se produjeron diversos acontecimientos, entre ellos el asalto marítimo de unos 10.000 jóvenes a Ceuta y, en marzo de 2022, el cambio de posición de España respecto al Sáhara, que implicó el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre la antigua colonia española.
En mayo de 2022, el Gobierno destituyó a la directora del CNI, Paz Esteban, supuestamente para complacer a ERC, tras descubrirse que algunos de sus dirigentes habían sido espiados mediante Pegasus. A diferencia de la intervención extranjera, esas decisiones contaron con autorización de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Actualmente, la funcionaria que informó de la magnitud del asalto no ha sido destituida; sin embargo, la presión política sugiere que podría suceder. Ante Marruecos, el Gobierno parece adoptar una postura dócil, si no servil, lo que plantea interrogantes sobre la información que Mohamed VI posee sobre el presidente español y sus motivaciones.
El Gobierno remitió el caso del hackeo a la Audiencia Nacional, pero la colaboración con el juez Calama ha sido escasa, lo que alimenta la sospecha de que Marruecos podría ser el principal sospechoso. El diario El Independiente informó el 11 de julio de 2023 que la cuenta utilizada para espiar a Grande-Marlaska y a Robles ([email protected]) era la misma que se empleó para hackear a la activista saharaui Claude Magin, caso bajo investigación en Francia.
En medio de estas controversias, el drama humanitario sigue latente: más de 80 personas murieron ahogadas en su intento de llegar a la costa española. Los menores, niños y niñas que se preguntan dónde están sus padres y por qué arriesgaron sus vidas en una odisea tan peligrosa, siguen esperando una respuesta y una solución digna.
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