El juez Calama encarga a la UDEF un "exhaustivo" informe sobre la entrada de capital venezolano en Plus Ultra
El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para que la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) elabore un informe exhaustivo sobre la evolución accionarial de la aerolínea española Plus Ultra a partir de 2017, año en que ingresó capital de origen venezolano. El objetivo es analizar el posible impacto de esa participación en la decisión de la compañía de solicitar ayudas públicas en 2021.
Petición de la Fiscalía y antecedentes de la compañía
En la providencia notificada este martes, el juez Calama ordena a la UDEF la elaboración del informe “en los términos solicitados” por la fiscal Elena Lorente. En su escrito, Lorente recordaba que Plus Ultra se constituyó el 25 de agosto de 2011 con Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque como socios fundadores. A partir de 2017 se produjeron “diversos cambios accionariales, particularmente significativos”, con la incorporación de personas de origen venezolano tanto al capital social como a los órganos de gestión, según un informe de la UDEF de 2025 que permanecía bajo reserva judicial.
El acceso del capital venezolano a Plus Ultra se realizó mediante varias escrituras públicas, y la fiscal considera que es necesario valorar la incidencia de esas inversiones en la solicitud de ayuda pública del 1 de septiembre de 2021.
Para ello, la UDEF debe presentar un “análisis de la historia registral completa” de la empresa, abarcando desde su creación hasta la actualidad, e incluir los cambios accionariales, los desembolsos efectivos y cualquier aspecto de financiación relevante. El informe deberá basarse en las inscripciones registrales y en los documentos que permitan determinar los extremos mencionados.
El informe de la UDEF de noviembre 2025, que sustenta la petición de la fiscal, señalaba la existencia de varios protocolos notariales que evidenciaban que, a partir de 2017, la sociedad estaba bajo el control de socios que realizaban aportaciones de capital. Entre los principales beneficiarios se encontraban Camilo Ibrahim Issa (nacionalizado español), Rodolfo Reyes Rojas (cuya línea telefónica fue intervenida en EE. UU. y que ha sido clave en la imputación de José Luis Rodríguez Zapata), María Aurora López López, Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Borquez Tarff.
Otros individuos sin participación accionarial directa, pero con cargos de responsabilidad o relaciones financieras relevantes, fueron Raif El Arigie Harbie y el venezolano Alcíes José Carión Carrión.
En el informe de 2025, la UDEF ya había elaborado una tabla con la composición accionarial de Plus Ultra en 2021, basada en información de inteligencia financiera. En esa fecha la empresa contaba con 23 socios, de los cuales 15 eran distintas sociedades, cuyo capital tras aportaciones ascendía a 18,8 millones de euros.
Los principales accionistas eran:
- Snip Aviation, con 8,5 millones de euros (45,33 % del capital a abril 2021).
- Fly Spain, con 2,1 millones de euros.
- Alva Skies and Wings, con 1,7 millones de euros.
- Flavio Borquez y Héctor Tobía, con 1 417 166,11 y 1 417 166,10 euros respectivamente.
- Julio Martínez Sola, presidente en aquel momento, con 6,49 euros.
Con la información solicitada, la Fiscalía pretende determinar la magnitud y la naturaleza de la inversión venezolana en Plus Ultra y, en su caso, valorar su influencia en la solicitud de ayuda pública por parte de la aerolínea.
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