El juez señala a Zapatero como líder de una trama "estable y jerarquizada" de tráfico de influencias en el caso Plus Ultra

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha levantado el secreto de sumario del caso Plus Ultra y ha citado a declarar al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para el próximo 2 de junio por los presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La causa se centra en la concesión de un rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante la pandemia, y en la supuesta utilización de una red jerárquica para obtener beneficios económicos mediante gestiones ante organismos públicos.

Según la acusación, la investigación ha permitido constatar la existencia de “una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias” con Zapatero como supuesto cabeza, apoyada en sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para ocultar el origen y destino de los fondos. La estructura descrita reparte funciones entre intermediarios, gestores societarios y personas del entorno del exmandatario, que habrían puesto a disposición sus contactos y su acceso a altos cargos para favorecer a terceros, principalmente a la aerolínea.

Estructura y modus operandi de la supuesta red

El núcleo de la investigación incluye al empresario Julio Martínez Martínez, amigo cercano de Zapatero y responsable de la sociedad Análisis Relevante. Entre 2020 y 2025, esa empresa habría abonado cerca de 661 000 euros al expresidente y a sociedades vinculadas a sus hijas. Martínez Martínez desempeñaría, según el juez, un papel relevante como interlocutor habitual de los clientes de la red y como “receptor y ejecutor” de las instrucciones directas de Zapatero, gestionando un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos.

Los principales beneficiarios de los pagos serían Zapatero y la empresa de marketing de sus hijas, Whathefav SL. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha registrado la oficina profesional de Zapatero en la calle Ferraz y otras tres sociedades relacionadas, incluidas las de sus hijas. La gestión cotidiana de la trama recaía en un tercer nivel jerárquico integrado por la secretaria de la oficina de Zapatero, María Gertrudis Alcázar, y por Cristóbal Cano, gestor del entorno societario controlado por Martínez.

Puntos Clave
  • El juez José Luis Calama levantó el secreto de sumario y citó a declarar a José Luis 

En el plano financiero internacional, la investigación señala la creación de la sociedad Landside Dubai FZCO (también denominada Landside Middle East FZCO) en Dubái, vinculada a Idella Consulenza Strategica. Esta última habría suscrito con Plus Ultra un contrato el 19 de enero de 2021 para recibir el 1 % del rescate concedido por la SEPI, equivalentes a unos 530 000 euros. La proximidad temporal entre la firma del contrato y la constitución de la sociedad en Dubái sugiere que la entidad se habría creado con la finalidad de canalizar dicho cobro.

Además de Idella Consulenza Strategica, el juez ha mencionado otras sociedades y plataformas empresariales que habrían intervenido en la canalización de pagos: Análisis Relevante, Gate Center, el grupo Thinking Hes, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa. En concreto, se estima que Análisis Relevante habría transferido más de 490 000 euros a Zapatero y cerca de 240 000 euros a Whathefav; Gate Center casi 353 000 euros al exmandatario y más de 171 000 euros a la empresa de sus hijas; y las sociedades del entorno de Thinking Hes habrían remitido más de 681 000 euros a Zapatero y unos 13 000 euros a Whathefav. En total, los pagos superarían el millón y medio de euros al expresidente y unos 424 000 euros a su entorno.

La investigación también apunta a una segunda línea de actuación en Venezuela, donde la aerolínea buscaba autorizaciones operativas del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). Según el juez, Julio Martínez Martínez habría influido sobre el presidente del INAC, el mayor general Juan Manuel Teixeira Díaz, para facilitar los permisos requeridos. Esta actividad internacional se consideraría parte del mismo plan global de tráfico de influencias.

Por último, el magistrado ha apreciado indicios de delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de estructuras societarias internacionales, como Landside Dubai FZCO e Idella Consulenza Strategica, para desconectar el origen de los fondos de su destino final. La coincidencia temporal entre la firma del contrato de Plus Ultra y la creación de esas entidades refuerza la hipótesis de una planificación orientada a canalizar recursos fuera de España mediante jurisdicciones de baja transparencia y circuitos financieros opacos.

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Carlos Mendoza Vargas Periodista

Licenciado en Comunicación Social con mención en Periodismo por la Universidad Central de Venezuela. Tiene 12 años de experiencia en cobertura de política nacional y conflictos sociales, con pasantías en medios internacionales como BBC Mundo. Especializado en periodismo de investigación y análisis político.

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