El secreto diplomático
Inscribir el conflicto del Sáhara Occidental en la agenda internacional trasciende la mera cuestión de fuerzas militares; constituye, ante todo, una lucha por la hegemonía discursiva. En el derecho internacional, las palabras no solo describen la realidad, sino que la crean y la sancionan jurídicamente. La posición de las Naciones Unidas es clara: el territorio se considera un caso pendiente de descolonización y, según la Resolución 34/37 de la Asamblea General (1979), el Reino de Marruecos es catalogado como una “potencia ocupante”.
Tras el alto el fuego de 1991 y la institucionalización del proceso de paz mediante la MINURSO, la diplomacia del Frente Polisario y de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) adoptó un lenguaje más neutral y técnico, introducido por la ONU para evitar ofender a Rabat. Expresiones como “la otra parte”, “potencia administradora de facto” o “partes en el proceso político” sustituyeron paulatinamente el término “potencia ocupante”. Este desplazamiento semántico ha diluido la idea de ocupación militar ilegal prevista en el IV Convenio de Ginebra.
Impacto de la neutralización lingüística
Al equiparar a Marruecos con “la otra parte”, la diplomacia saharaui ha creado una aparente simetría que desnaturaliza la asimetría original del conflicto (invasor versus territorio no autónomo). La narrativa saharaui, que en la fase de guerra abierta (1975‑1991) se basaba en dos pilares inseparables –el derecho a la autodeterminación y la denuncia de la agresión marroquí–, pasó a presentar la disputa como una controversia fronteriza o un litigio civil. Esta transformación ha facilitado la normalización de relaciones comerciales y diplomáticas con Marruecos, ha confundido a la opinión pública y ha disminuido la presión internacional para una solución jurídica y humanitaria.
Durante los primeros diez años del conflicto, la RASD utilizó un discurso maximalista y alineado con el derecho internacional: Marruecos era, a todos los efectos del derecho público, una potencia ocupante sujeta a las obligaciones del IV Convenio de Ginebra. La Resolución 34/37 de 1979, que exigía el fin de la ocupación militar, se convirtió en el eje central de la comunicación saharaui. Sin embargo, el Plan de Arreglo de 1991 y la labor de la MINURSO introdujeron un código burocrático que el Frente Polisario adoptó sin cuestionarlo.
Esta “neutralización lingüística” produjo consecuencias geopolíticas graves. El término acusatorio “potencia ocupante” fue sustituido por expresiones más blandas, lo que permitió a terceros estados y organismos internacionales tratar la cuestión como un asunto administrativo. En la práctica, Marruecos dejó de ser señalado como invasor ilegal y pasó a ser descrito como “la contraparte en el proceso de paz”. Las áreas bajo control marroquí dejaron de denominarse “territorio ocupado” y pasaron a llamarse “zonas situadas al oeste del muro”.
El efecto de esta equivalencia artificial se ha reflejado en la legislación y la política de la Unión Europea y de América Latina. Sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (2016, 2021 y 2024) reiteran que el Sáhara Occidental y Marruecos son territorios distintos, pero la falta de una denuncia constante de ocupación ha permitido a la Comisión Europea y a gobiernos como el de España sortear esas decisiones y mantener acuerdos comerciales. En América Latina, la ausencia de una postura tajante saharaui ha generado una apatía creciente, reduciendo el apoyo histórico a la causa de descolonización.
La falta de un discurso firme también ha influido en la representación cartográfica: mapas internacionales han sustituido la línea de frontera tradicional por trazos discontinuos, normalizando visualmente la anexión marroquí.
En conclusión, la debilidad del discurso saharaui no radica en su capacidad de adaptarse a la burocracia internacional, sino en la pérdida de la firmeza jurídica que caracterizó sus primeros años de lucha. Recuperar un lenguaje que destaque la ocupación bajo el IV Convenio de Ginebra y el carácter de crimen internacional del conflicto es esencial para reactivar la presión internacional y avanzar hacia una desocupación definitiva del territorio.
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