Especialistas en auditoría proponen una evaluación continua del sector público para asegurar una mayor eficiencia y transparencia

Expertos en auditoría del sector público coinciden en que el verdadero desafío de la auditoría va más allá de verificar el cumplimiento normativo. Consideran imprescindible evaluar no solo el gasto, sino también si los recursos han generado el impacto social esperado y han alcanzado los objetivos públicos para los que fueron destinados.

En el marco del lema “Evaluación continua, el nuevo reto del control del sector público”, se celebró la 17ª Jornada de la Auditoría del Sector Público, organizada por el Colegio de Censores y Jueces de Cuentas de Cataluña (CCJCC). El encuentro abordó los retos actuales de la auditoría pública, con especial énfasis en la necesidad de implementar mecanismos de control continuo que garanticen mayor eficiencia y transparencia.

Esther Pallarols, directora general de presupuestos de la Generalitat de Cataluña, y Mireia Borrell, directora del Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Ivalua), subrayaron la importancia de adoptar herramientas tecnológicas y fomentar un cambio cultural orientado a la evaluación de resultados e impacto, más que al mero control del gasto.

Según Pere Ruiz, experto en auditoría del sector público y miembro del Consejo Directivo del CCJCC, “es necesario optar por un enfoque de evaluación continua que permita un seguimiento dinámico de la ejecución presupuestaria, garantizando la transparencia y mejorando la toma de decisiones en tiempo real”. Este enfoque ampliaría el alcance de la auditoría para incluir la evaluación de la eficiencia y el impacto social de las políticas públicas, asegurando que los recursos se utilicen de forma óptima para el beneficio de la ciudadanía.

Control del fraude

La jornada contó con la participación de representantes de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC). Asistieron el actual director de la OAC, Josep Tomàs Salàs, y la directora general, Olinda Anía, quienes destacaron la neutralidad de la institución y su papel como herramienta de integridad pública y confianza democrática.

La protección de los denunciantes y la posibilidad de presentar denuncias de forma anónima han impulsado un notable incremento en los reportes recibidos: de 174 casos en 2016 a más de 2 000 registrados en 2025. El último barómetro de la OAC indica que el 82 % de los catalanes percibe un alto nivel de corrupción. El objetivo principal de la OAC es reducir tanto la percepción ciudadana como la corrupción real en Cataluña, fortaleciendo la confianza en las instituciones y la calidad democrática.

En la jornada quedó clara la necesidad de una estrecha coordinación entre instituciones. Se expuso el papel que deben asumir las Diputaciones para favorecer una mayor transparencia del sector público, con la intervención de Núria Gras Nogues, jefa de la Sección de Apoyo Económico de la Diputación de Tarragona, y Josep Casas, jefe del Servicio de Asistencia Económico‑Financiera de la Diputación de Barcelona.

A nivel local, Victor Torrents, jefe de la Oficina de Seguimiento de Contratos de la Central de Compras de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), resaltó la importancia de esta entidad como puente entre los entes locales y los auditores.

Con motivo del 30.º aniversario del CCJCC, la jornada se celebró en el Parlamento de Cataluña. Joan Vall, presidente del colegio, afirmó: “Celebrar esta jornada sobre el sector público en el Parlamento tiene todo el sentido, ya que los auditores somos garantes del buen funcionamiento de las instituciones. Hace 30 años, por unanimidad de los grupos políticos, el CCJCC obtuvo personalidad jurídica propia, y hoy somos una herramienta fundamental de transparencia y generación de confianza tanto para el tejido empresarial como para la ciudadanía”.

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