Génova 1-0: el Supremo avala sus dudas sobre la regularización de inmigrantes, pero pincha con la ley de nietos
El Partido Popular ha iniciado la semana con un mensaje positivo tras conocerse que el Tribunal Supremo español está valorando la posibilidad de elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el recurso presentado por las comunidades autónomas de Aragón y Valencia contra la regularización extraordinaria de inmigrantes. La medida, que busca resolver posibles incompatibilidades con la normativa comunitaria de migración y asilo, ha sido interpretada por el PP como una señal de que la política del Gobierno central podría vulnerar la legislación europea.
Acusaciones de “ingeniería electoral” y la polémica de la “ley de nietos”
Paralelamente, el partido ha lanzado una serie de denuncias que vinculan la regularización masiva de inmigrantes con la supuesta “ley de nietos”, una normativa que permite la adquisición de la nacionalidad española por parte de descendientes de españoles que hayan vivido en el exterior. Según los portavoces del PP, la ampliación de la lista de electores a unos 2,5 millones de nuevos solicitantes de pasaporte español podría constituir una forma de “ingeniería electoral” diseñada por la Presidencia del Gobierno para influir en los resultados de las próximas elecciones generales.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha pedido la intervención de observadores internacionales para garantizar la transparencia del proceso electoral, mientras que la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, acusó al Ejecutivo de realizar una “interpretación extensiva” de la Ley de Memoria Democrática mediante una instrucción que, según ella, carece de fundamento y vulnera los principios de legalidad y claridad normativa.
En la misma línea, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado que “no hay ningún español, ni viejo ni nuevo, que confíe en la buena fe de este Gobierno” al adoptar decisiones de gran impacto sin que haya sido precedido por un debate amplio y sereno en el Parlamento. Feijóo ha calificado de “irresponsable” la ausencia de un debate previo y ha subrayado que la ampliación del censo electoral mediante nacionalizaciones masivas no puede ser utilizada como herramienta política.
El debate sobre la llamada “ley de nietos” también ha revivido la histórica estrategia del PP de buscar el voto de la diáspora gallega. Manuel Fraga, Mariano Rajoy y ahora Feijóo han viajado a América del Sur —principalmente a Argentina y Uruguay— con el objetivo de captar el apoyo de los descendientes de gallegos residentes en el exterior. En esa época, la partida de la candidatura gallega incluía la promesa de facilitar la obtención de la nacionalidad española a los descendientes de emigrantes, un gesto que, según los críticos, se ha convertido en una práctica sistemática para sumar votos externos.
La “ley de nietos”, aunque no es un término oficial, se refiere a la normativa que permite a los descendientes de españoles solicitar la nacionalidad después de dos años de residencia legal en España. Los popularistas señalan que el proceso de obtención del pasaporte español implica varias fases, entre ellas la presentación de la solicitud, la acreditación de la residencia y la aprobación administrativa, lo que puede alargarse varios años y conllevar un elevado número de desistimientos. Por tanto, afirman que la idea de que 2,5 millones de personas puedan votar de forma inmediata resulta poco realista.
En cuanto a la política migratoria, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, y su colaborador Rafael Núñez Huesca, han defendido la postura del partido, que se alinea con la corriente “dura” del PP en materia de inmigración. El eurodiputado Esteban González Pons, portavoz del PP en el Parlamento Europeo, también ha sido señalado como una figura influyente en la elaboración de la estrategia actual.
El presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles, Alberto Virella, ha defendido el trabajo de los cónsules en la tramitación de las solicitudes de nacionalidad, aunque reconoce que el proceso presenta “una gran improvisación” y una sobrecarga de trabajo para los funcionarios consulares, sin llegar a atribuirle intenciones ocultas.
Finalmente, el Tribunal Supremo ha manifestado que existen motivos suficientes para elevar el caso al TJUE, con el objetivo de determinar si la normativa española de regularización masiva entra en conflicto con la política comunitaria de migración y asilo. La posibilidad de que el tribunal europeo suspenda el procedimiento mientras se resuelve la cuestión jurídica ha sido bien recibida por el PP, que la ha calificado de “victoria judicial”. Feijóo ha concluido que “la ciudadanía y la nacionalidad son la expresión más profunda de la relación entre un ciudadano y su Estado”, y ha reiterado su escepticismo ante la viabilidad de un aumento demográfico de varios millones de habitantes en un corto periodo.
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