Hacienda abre la puerta a más cesiones a Cataluña para aprobar la nueva financiación autonómica
El Ministerio de Hacienda presentó este viernes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica. A pesar de que 13 de las 15 comunidades autónomas –incluidas Castilla‑La Mancha y Asturias, gobernadas por el PSOE– votaron en contra, el Gobierno sólo necesitaba el apoyo de una autonomía para aprobar la iniciativa.
El modelo pactado bilateralmente con Cataluña, como era de esperar, ha sido refrendado por esa comunidad y, además, ha sumado su voto Canarias, tras recibir una financiación adicional de 1.300 millones de euros, que se añaden a los 611 millones previstos inicialmente. Con ello, el Ejecutivo ha superado la primera fase de la reforma, pero ahora debe enfrentarse al siguiente reto: conseguir la validación del Congreso de los Diputados.
Negociaciones en el Congreso
Sin mayoría parlamentaria, el Gobierno necesita buscar apoyos para evitar que la reforma quede bloqueada en las Cortes. Según fuentes del Ministerio de Hacienda citadas por El Independiente, el Ejecutivo acudirá al Congreso dispuesto a negociar, manteniendo “la voluntad de llegar a acuerdos”. “Vamos a presentar la propuesta y a negociar”, afirmaron, dejando abierta la posibilidad de introducir modificaciones durante la tramitación parlamentaria.
El factor clave de esas negociaciones es Junts per Catalunya. El partido ha manifestado en varias ocasiones que no respaldará la propuesta tal y como salió del CPFF y ha elevado sus exigencias por encima del modelo presentado por Hacienda. El portavoz de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, declaró que “no daremos nuestros votos a nada que implique que el dinero de los catalanes no se quede en Cataluña”.
En respuesta, Junts prepara una enmienda integral con texto alternativo, cuyo objetivo es sustituir el modelo del Gobierno por un “concierto económico” para Cataluña, es decir, que la Generalitat pueda recaudar, gestionar e inspeccionar el 100 % de los impuestos generados en la región. Esta demanda coloca al Gobierno en una posición compleja.
Por su parte, la consejera catalana de Economía y Hacienda, Alicia Romero, ha pedido a Junts que permita que la reforma continúe su recorrido parlamentario para poder debatir allí sus reivindicaciones. “Solicitamos que faciliten la tramitación y, durante ese proceso, negociemos las mejoras que consideren necesarias”, señaló.
La posibilidad de una negociación genera inquietud entre las comunidades que votaron contra la reforma. Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda de Castilla‑La Mancha, advirtió que el modelo aún podría modificarse en el Congreso para conseguir el respaldo de Junts, lo que le “pone los pelos de punta”. Además, sostuvo que la actual propuesta favorece a Cataluña, mientras que Castilla‑La Mancha queda como la comunidad “peor financiada en términos relativos”.
Según Ruiz Molina, la negociación parte de un modelo que otorga un trato especialmente ventajoso a Cataluña, fruto del acuerdo bilateral. En total, la reforma contempla una inyección de 20.975 millones de euros adicionales al sistema de financiación, de los cuales Cataluña percibe 4.686 millones, situándola como la segunda comunidad más beneficiada, solo por detrás de Andalucía, que recibirá 4.846 millones.
El aumento de recursos se articula, en primer lugar, mediante una mayor cesión de impuestos: la participación autonómica en el IRPF pasará del 50 % al 55 % y en el IVA del 50 % al 56,5 %. Además, se incorporan al 100 % cuatro impuestos adicionales, lo que representa aproximadamente 16.000 millones de euros.
El resto del total, hasta alcanzar los 20.975 millones, proviene de fondos y mecanismos adicionales incorporados al nuevo sistema, entre ellos el Fondo Climático y el mecanismo vinculado al IVA de las pymes, que suman 3.000 millones en conjunto. De esos recursos, el 55 % corresponde exclusivamente a Cataluña.
Asimismo, la normativa permite que las comunidades financien sus competencias no homogéneas mediante una cesión adicional del IVA de hasta el 90 %. Cataluña concentra el 43 % de estas competencias entre las quince comunidades de régimen común, lo que podría elevar sus recursos por encima de los 4.686 millones inicialmente asignados. Esta vía de financiación queda fuera de la estimación de los casi 21.000 millones adicionales comprometidos para el conjunto de las autonomías.
Esta configuración es uno de los motivos por los que la Federación de Entidades de Derecho Autonómico (Fedea) considera que Cataluña es la comunidad que obtiene una de las mayores mejoras del reparto y cuestiona si los mecanismos de nivelación propuestos por Hacienda corregirán equitativamente las diferencias de financiación entre territorios.
Paralelamente, el Ministerio de Hacienda está preparando un nuevo instrumento para atender las desigualdades que el modelo no resuelva. El ministro, Aránzazu España, anunció que se reformará el Fondo de Compensación Interterritorial y los incentivos regionales para crear un “fondo de convergencia regional”. Este fondo tendrá en cuenta factores como la despoblación, la superficie forestal, la población flotante vinculada al turismo o la reindustrialización. La cuantía aún no se ha definido, pero se sumará al Fondo de Dinamismo, ya incluido en la propuesta, dotado con 3.000 millones de euros para elevar la financiación de las comunidades que se sitúan por debajo de la media.
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