La Fiscalía avala que la Audiencia Nacional continúe la investigación por la entrada masiva en Ceuta
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha emitido un informe favorable que confirma la competencia de este órgano para continuar investigando la entrada masiva de migrantes en Ceuta ocurrida los días 30 y 31 de julio. En un comunicado al que ha tenido acceso El Independiente, el fiscal jefe de la Audiencia, Jesús Alonso, sostuvo que la jueza María Tardón es competente porque existen indicios de que una parte importante de la planificación y coordinación de los hechos se habría desarrollado desde Marruecos.
La magistrada había solicitado a la Fiscalía que se pronunciara sobre su competencia tras la incorporación a la causa del informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional. Ese documento situaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes en el centro de la planificación de la entrada masiva y señalaba una actuación coordinada desde el otro lado de la frontera.
Fundamentos de la competencia
Según el fiscal Alonso, los indicios mencionados, sumados al hecho de que el resultado principal de la acción —la entrada irregular de personas en territorio español— se produjo en Ceuta, permiten atribuir la competencia a la Audiencia Nacional. El fundamento legal se basa en el principio de territorialidad recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en las normas que permiten a los tribunales españoles perseguir conductas desarrolladas fuera de sus fronteras cuando existen suficientes elementos de conexión y se ven afectados intereses protegidos por el ordenamiento jurídico español.
El informe concluye que, aunque la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y dirección estratégica se habría llevado a cabo en Marruecos, la ejecución material y el objetivo perseguido se realizaron en territorio español.
Delitos que se investigan
- Posible delito de favorecimiento a la inmigración irregular, que podría agravarse si se demuestra la participación de una organización y la puesta en riesgo de la vida o integridad física de los migrantes.
- Homicidio o lesiones por imprudencia grave.
- Delito de organización o pertenencia a grupo criminal.
- Otros posibles delitos vinculados al orden público o a bienes jurídicos colectivos, como la paz o la seguridad del Estado.
La Fiscalía ha solicitado a la jueza que declare el secreto parcial de las actuaciones, argumentando la existencia de razones excepcionales para mantener bajo reserva una parte de la investigación mientras continúan las diligencias.
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