La financiación autonómica avanza fracturada: el apoyo del Gobierno, Cataluña y Canarias basta ante el rechazo en bloque
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó este viernes, tras más de tres horas de debate, la propuesta del Ministerio de Hacienda destinada a reformar el sistema de financiación autonómica. La medida, que cuenta con el respaldo de Cataluña y Canarias, prevé la entrada en vigor el 1 de enero del próximo año.
La reforma supone una dotación adicional de 20 975 millones de euros para las comunidades autónomas, financiada principalmente mediante la ampliación de los porcentajes de recaudación que el Estado cede a las regiones: el IRPF pasará del 51 % al 55 % y el IVA del 54 % al 56,5 %. Además, el proyecto incluye un nuevo cálculo de la población ajustada, la creación de un “fondo climático” y la posibilidad de destinar el 5 % del IVA generado por las pymes locales a las autonomías.
Reacciones y posiciones de los partidos
El acuerdo fue respaldado únicamente por las comunidades de Cataluña y Canarias. Las regiones gobernadas por el Partido Popular —Madrid, Andalucía, Galicia, la Comunidad Valenciana y el País Vasco— y las comunidades con gobiernos socialistas, como Castilla‑La Mancha y Asturias, rechazaron la propuesta. La Comunidad de Madrid se ausentó del voto y, sin éxito, intentó suspender la sesión alegando falta de quórum.
El Ministerio de Hacienda, que ya disponía de la mayoría de los votos en el CPFF, necesitaba el apoyo de una sola comunidad para validar la reforma; en esta ocasión obtuvo el respaldo de dos. Con esa mayoría, el Ejecutivo presentará “en las próximas semanas” el anteproyecto de ley orgánica al Congreso, donde requerirá una mayoría absoluta para su aprobación.
Junts, cuyo voto es decisivo, ha anunciado que presentará una enmienda total al proyecto, argumentando que “no contempla un concierto económico suficiente para Cataluña”. Por su parte, el ministro de Hacienda ha subrayado que el nuevo modelo, elaborado 17 años después del anterior, “incrementa significativamente los recursos destinados a los servicios públicos regionales” y que, aunque responde a las singularidades de cada comunidad, “no es un modelo a la carta” y su aplicación es voluntaria.
El gobierno ha defendido la “máxima transparencia” del proceso y ha criticado que algunos ejecutivos autonómicos del PP hayan abandonado la defensa de sus intereses bajo presiones políticas. Asimismo, ha asegurado que ninguna comunidad recibirá menos recursos que con el sistema actual y que los ingresos podrán percibirse en tiempo real.
- Incremento de la participación del Estado en IRPF (55 %) y IVA (56,5 %).
- Creación de un fondo climático y compensaciones por población flotante y masa forestal.
- Posibilidad de destinar el 5 % del IVA de las pymes locales a las autonomías.
- Garantía de que ninguna comunidad reciba menos recursos que con el modelo vigente.
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