La presidenta del Tribunal de Cuentas se alinea con el Gobierno tras el uso de fondos UE para las pensiones
En una comparecencia ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, la presidenta del organismo, Enriqueta Chicano, defendió la posición del Gobierno frente a la polémica generada por el uso de 2.389 millones de euros procedentes de fondos europeos para financiar el pago de pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos en 2024.
Chicano rechazó que el informe de la Cuenta General del Estado, elaborado por el Tribunal, concluyera que se hubieran utilizado fondos europeos para pagar esas pensiones. Según la presidenta, la cuestión no es si se emplearon esos recursos, sino si, en el contexto de una prórroga presupuestaria, las limitaciones vigentes permitían o no la utilización de créditos excedentarios del denominado “servicio 50” para financiar otras necesidades.
La prórroga presupuestaria como factor determinante
La directora explicó que los 2.389 millones de euros provienen del “servicio 50”, una clasificación presupuestaria creada para gestionar los créditos vinculados a los fondos de la Unión Europea. Cuando los Presupuestos Generales del Estado de 2023 fueron prorrogados para 2024, también se extendieron los créditos asociados a dicho servicio, generando un saldo de fondos disponible en el año siguiente que pudo destinarse a inversiones previstas en el Plan de Recuperación.
Esta interpretación no cuenta con el apoyo unánime dentro del Tribunal. La declaración de la Cuenta General fue aprobada con un voto particular discrepante y cinco votos concurrentes que abogaban por un trato más riguroso del asunto. Chicano recordó que los votos particulares en estos informes se han producido en cinco ocasiones desde el inicio de la democracia en España.
Ante la controversia, la presidenta anunció que el Tribunal de Cuentas estudiará la viabilidad de realizar un análisis jurídico‑técnico sobre las consecuencias de las prórrogas presupuestarias en la gestión de los recursos públicos.
El debate sobre la utilización de fondos europeos para el pago de pensiones ha reavivado la discusión sobre los efectos de gobernar con presupuestos prorrogados y sobre la posible instrumentalización política de los informes del Tribunal.
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