La UCO ve un papel "fundamental" de Ábalos en la trama y afirma que Aldama mandaba: "El que paga, manda"

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han declarado este lunes que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, desempeñó un papel “fundamental” dentro de la supuesta organización criminal vinculada a la adjudicación irregular de contratos de mascarillas, aunque el verdadero motor del entramado sería el reconocido comisionista Víctor de Aldama, a quien describen con la máxima de “el que paga, manda”.

Estas afirmaciones se han pronunciado en el marco del juicio que se celebra ante el Tribunal Supremo contra Ábalos, su exasesor Koldo García y Aldama, acusados de concertarse para amañar licitaciones de mascarillas destinadas a organismos dependientes del Ministerio de Transportes a cambio de comisiones ilícitas.

Elementos probatorios y testimonios de la investigación

Según los guardias civiles, las escuchas telefónicas interceptadas durante la investigación revelan que Aldama solía referirse a Ábalos como “el jefe”, aunque en la práctica él mismo era quien ejercía el control al financiar las operaciones. En varios fragmentos de las conversaciones, Aldama declara expresamente que “el que paga es quien manda”.

Los investigadores han señalado algunos ejemplos que ilustran la dinámica de poder dentro de la trama:

Puntos Clave
  • Ábalos tuvo un papel “fundamental” en la trama de adjudicación irregular de mascarillas, según declara la UCO
  • El verdadero motor del entramado sería el comisionista Víctor de Aldama, quien según la investigación controla la organización con la máxima “el que paga, manda”
  • Las escuchas telefónicas y pruebas documentales muestran que Aldama pagaba mensualmente 1 000 euros a Ábalos y a su exasesor Koldo García, incluso después de que Ábalos dejara el ministerio en 2021
  • Se reveló la presión ejercida por Aldama sobre García para obtener “salvoconductos” y sobre el exconsejero de Globalia, Javier Hidalgo, para forzar decisiones que beneficiaran la trama
  • Los “salvoconductos” que Aldama exigía a García para favorecer a sus contactos venezolanos y a su entorno, pese a la reticencia del exasesor, quien debía solicitar los permisos a la Policía.
  • La presión ejercida sobre el entonces consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, quien “ya no le valían las palabras” respecto al rescate de Air Europa, y la consiguiente solicitud a García para que “moleste” a Ábalos y lo ponga en marcha el plan.
  • Los pagos mensuales de 1 000 euros que Aldama realizaba a García y a Ábalos, una contraprestación que, según los fiscales, se prolongó incluso después de la salida de Ábalos del ministerio en 2021.

Los agentes también han destacado la capacidad de la trama para “permutar” entre diferentes ministerios, atribuyéndolo a la “alta cualificación” de Ábalos y a la facilidad de movimiento de García dentro de diversos ámbitos institucionales. Este acceso se habría materializado, entre otros casos, en el rescate de Air Europa y en la visita de la presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, Delcy Rodríguez, a España en 2020, información que, según la acusación, Ábalos habría comunicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En cuanto al lenguaje utilizado por los acusados, la investigación ha identificado que la palabra “café” servía como código para referirse a la necesidad de usar teléfonos desechables, suministrados por un comandante de la Guardia Civil que colaboró en la investigación.

Respecto a la integridad de las pruebas, la UCO ha asegurado que, dada la enorme cantidad de registros y la complejidad de los volúmenes de datos, resulta “prácticamente imposible” manipular la evidencia forense. En caso de intentarse, los procedimientos habituales implicarían la volcado de los dispositivos “in situ”, lo cual no fue factible en este caso.

Los investigadores han subrayado que son los primeros afectados por las filtraciones a la prensa y han reiterado su “deber de reserva”. En un incidente menor con la abogada de García, los agentes explicaron que la entrada forzosa al domicilio del acusado se produjo tras una conversación telefónica en la que éste amenazó con que “si alguien entraba en su casa se iba a liar a tiros”. Asimismo, han señalado que no existe constancia documental que demuestre que García fuera colaborador o confidente de la Guardia Civil.

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Carlos Mendoza Vargas Periodista

Licenciado en Comunicación Social con mención en Periodismo por la Universidad Central de Venezuela. Tiene 12 años de experiencia en cobertura de política nacional y conflictos sociales, con pasantías en medios internacionales como BBC Mundo. Especializado en periodismo de investigación y análisis político.

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