Las asociaciones a cargo de los campamentos de menores de Ceuta cuestionan la rapidez de los trámites para trasladarlos a la Península
El traslado de 500 niñas a la península plantea un nuevo desafío para la gestión de menores en Ceuta. El Gobierno ha anunciado la puesta en marcha del procedimiento, pero diversas asociaciones critican la lentitud de los trámites burocráticos frente a la urgencia que requiere la emergencia.
Situación actual y cifras
En los últimos quince días la presión migratoria ha puesto al límite los sistemas de acogida de la ciudad autónoma. Según datos del Ministerio del Interior, desde el 30 de julio se han identificado 2.168 menores en Ceuta, mientras que la ONG Save the Children eleva la cifra a cerca de 4.000 niños y adolescentes. No se trata exclusivamente de jóvenes procedentes de Marruecos; también se han registrado menores de origen chileno y sudanés.
El sistema ordinario de acogida en Ceuta cuenta con apenas 29 plazas, una capacidad claramente insuficiente para la realidad que se vive. Ante esta carencia, las autoridades han tenido que improvisar espacios de emergencia en lugares no diseñados para una estancia permanente, como los campamentos del barrio del Príncipe, Sidi Embarek y dos colegios locales, además de la creación de cuatro nuevos campamentos y la habilitación de un edificio en El Tarajal.
El Ejército ha desplegado un dispositivo provisional en el aparcamiento del barrio de Loma Colmenar, donde se instaló la primera carpa y se prevé la puesta en marcha de tres campamentos adicionales equipados con tiendas, áreas de higiene con duchas y carpas de gran altura para la distribución de alimentos. A pesar de estos recursos, cientos de menores continúan durmiendo a la intemperie en las calles de la ciudad.
La situación ha empezado a afectar la convivencia en la población local; testigos afirman que “las calles siguen llenas” y el ánimo de los vecinos se ha ido deteriorando, generando un clima de tensión. El sistema sanitario, al borde de su capacidad, se ha visto obligado a reforzar el personal médico y de enfermería para atender tanto a la población residente como a los recién llegados.
En este contexto, la labor de las ONG y de los vecinos resulta fundamental. La asociación Luna Blanca, que ha recibido una prórroga de recursos del Gobierno municipal por al menos un mes más, se encarga de distribuir agua, alimentos y productos básicos. Su portavoz, Halima Ahmed, ha descrito estas ayudas como un “respiro” frente a una tensión que sigue escalando.
Uno de los aspectos más críticos es la seguridad de las menores. El Ministerio de Juventud e Igualdad ha diseñado un plan para trasladar a 500 niñas a la península, pero la ejecutiva de Luna Blanca advierte que el proceso se ve entorpecido por la necesidad de evaluar cada caso individualmente y de verificar posibles “reclamaciones de los padres en sus países de origen”, lo que califica como un procedimiento lento.
La portavoz también ha señalado que se han registrado al menos seis agresiones sexuales cometidas en la vía pública por personas migrantes contra niñas que cruzaron el espigón de El Tarajal. Estas agresiones ocurrieron fuera de los “espacios seguros” o campamentos habilitados, lo que subraya la urgencia de crear más plazas para evitar que menores tengan que dormir al aire libre.
La presión sobre el sistema de acogida no muestra señales de disminución. En tan solo cinco días, la Policía Nacional identificó a 270 menores nuevos, evidenciando un ritmo de llegada acelerado respecto a periodos anteriores. Para hacer frente a este volumen, se siguen evaluando nuevos espacios de acogida y se contempla la contratación de seguridad privada o el despliegue de personal de asociaciones para la vigilancia de los campamentos.
A pesar de las precarias condiciones, los menores muestran una notable resiliencia. “No quieren volver”, afirma Halima Ahmed, aludiendo a la resistencia de las niñas a regresar a sus países de origen pese a las dificultades que enfrentan en la calle o en los campamentos improvisados. Las organizaciones humanitarias insisten en que la única salida viable es acelerar los procesos de identificación y protección, y agilizar los traslados a otras comunidades autónomas para evitar que Ceuta siga viviendo una crisis de más de quince días.
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