Latorre, sobre los nuevos detenidos por la UCO: "Haberse subido a un coche con Sánchez empieza a ser considerado indicio de delito"
La Unidad Central Operativa (UCO) entregó el pasado 5 de junio de 2025 un informe de 490 páginas al Tribunal Supremo en el que se investigan presuntas irregularidades en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana durante la gestión de José Luis Ábalos, entonces ministro y diputado. El documento recoge indicios de manipulaciones en 11 adjudicaciones que sumarían unos 900 millones de euros entre 2018 y 2021, así como la intervención de empresarios y funcionarios vinculados a la red de presuntos amaños de obras públicas.
Detalles de la investigación
Entre los hechos señalados, la UCO detalla operativos realizados en Madrid, Córdoba, Valencia y Sevilla, que culminaron con el registro de la constructora Azvi en la capital andaluza. Se detuvieron a seis personas, todas ellas puestas en libertad posteriormente. Uno de los detenidos es Andrea de la Torre, investigada por presunto beneficio en la compra de una vivienda en Rivas‑Vaciamadrid.
El informe también menciona a Cristian Corvillo, conductor del coche oficial de Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE en 2017, quien habría pasado de chófer a empresario y habría actuado como intermediario de una supuesta organización criminal dedicada a la manipulación de contratos de infraestructuras ferroviarias, en particular de alta velocidad (IF y IF Alta Velocidad). Según la UCO, Corvillo habría facilitado la adjudicación irregular de obras a empresas vinculadas a la trama.
Las acusaciones se enmarcan en un contexto de creciente preocupación pública por la seguridad ferroviaria. En los últimos nueve meses se han registrado dos accidentes de tren que han cobrado 115 vidas, y la falta de presupuestos destinados al mantenimiento de la red ha sido señalada como un factor que agrava la situación. El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, defendió la gestión del Gobierno en la Diputación Permanente del Congreso, pese a la polémica generada por los presuntos delitos de corrupción.
Rafa Latorre, colaborador de televisión y comentarista político, ha criticado duramente la situación, afirmando que “haberse subido a un coche con Sánchez empieza a considerarse indicio de delito” y calificando de “indignante” la supuesta complicidad del Ejecutivo con una organización criminal que habría lucrado con mascarillas y con la infraestructura ferroviaria.
El Ministerio de Transportes, que es el de mayor presupuesto del Gobierno y tiene bajo su control a empresas estratégicas como INECO, RENFE y la entidad de infraestructura ferroviaria (IF), ha sido descrito por algunos analistas como “una oficina del sindicato del crimen” desde la llegada de Ábalos a la cartera. La investigación sugiere que, además de los presuntos amaños en adjudicaciones, existieron presiones para favorecer a empresas afines al círculo de confianza del presidente del Gobierno.
Mira tambien:
Deja una respuesta