Leire quería acabar con Peinado por un supuesto informe falso de un agente de la UDEF en el caso de Nervis Villalobos
Las veintena de agendas y libretas que la Guardia Civil incautó a la exmilitante socialista Leire Díez revelan una supuesta estrategia de presión contra la justicia en el marco del llamado “caso bautizo”, que sigue su curso en la Audiencia Nacional. Todos esos documentos, incorporados al sumario de la investigación, fueron puestos a disposición de El Independiente y muestran la supuesta ofensiva de la llamada “fontanera” del PSOE contra jueces, fiscales y mandos policiales que investigaban a personas vinculadas al entorno del Gobierno.
Los agentes de la UDEF y la supuesta falsificación de informes
En una de las agendas intervenidas, bajo el epígrafe “Acción política”, Leire anotó referencias a dos agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) identificados por sus números profesionales: el 111 129 y el 127 263. El primero habría sido destinado en 2021 como enlace en Europol, con sede en La Haya, tras recibir una condecoración del Ministerio del Interior, según declaró el propio Gobierno en febrero de 2025 tras la comparecencia de Nervis Villalobos en el Congreso.
El agente 111 129 aparece descrito en los documentos como el “policía de Grinda”, aludiendo al fiscal Anticorrupción José Grinda, uno de los principales objetivos de la supuesta trama. Según las notas, ambos habrían elaborado informes policiales presuntamente falsos que fueron utilizados en diversas investigaciones, incluida la contra el exviceministro venezolano Nervis Villalobos, considerado una pieza central de la estrategia.
El relato de Leire sostiene que los procedimientos contra Villalobos se sustentaron en dichos informes, los cuales contenerían “datos falsos o erróneos”. Además, la documentación afirma que la persecución se habría impulsado tras la negativa del exalto cargo chavista a colaborar con la Fiscalía y aportar información sobre objetivos políticos y empresariales.
Según la misma versión, las tres causas judiciales en las que Villalobos está inmerso en la Audiencia Nacional y en los juzgados de Madrid habrían contado con el mismo conjunto de fiscales, agentes y unidades especializadas, lo que apuntaría a una coordinación interna.
Las notas intervenidas también revelan el objetivo final de la supuesta estrategia. En una de ellas se lee: “Si cae el agente 111 129, se cae su causa”, refiriéndose a los procedimientos contra Villalobos. Asimismo, se indica que el exviceministro podría presentar una “querella o denuncia contra el juez Juan Carlos Peino por detención ilegal”, tras la decisión de la instrucción de decretar su ingreso en prisión provisional y el bloqueo de sus cuentas bancarias.
Esta referencia se enlaza con la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró vulnerado el derecho fundamental a la libertad personal de Villalobos durante la instrucción dirigida por Peino. La documentación señala que la sentencia del Constitucional se entregaría el día 12, lo que sugiere que la estrategia contemplaba usar ese fallo como base para una ofensiva posterior contra el magistrado.
En este contexto, la caída de la credibilidad del agente de la UDEF serviría, según el esquema plasmado en los documentos, para cuestionar los informes policiales que sustentaron las causas contra Villalobos y abrir una vía de actuación contra Peino.
El caso también incluye al juez Santiago Pedraz, encargado de investigar la “trama Leire”. Pedraz fechó el inicio de la supuesta “trama de las cloacas” el mismo día en que se conoció la imputación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asegura que, mientras Sánchez permanecía fuera del foco público, se activó una red destinada a neutralizar las investigaciones judiciales que afectaban al entorno del Gobierno y al PSOE.
Según la información obtenida, la coordinación de esta red habría sido liderada por Leire Díez, mientras que el entonces “número tres” del partido, Santos Cerdán, desempeñaría un “papel superior” en la estructura.
En la fase final del proceso, la audiencia previa está prevista para el lunes 15 de junio, cuando Begoña Gómez, su exasesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés comparecerán para que se decida si los tres deberán enfrentar el juicio con jurado popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción, malversación y apropiación indebida.
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