Los párrafos clave del informe de la Policía sobre la participación de agentes marroquíes en el asalto a Ceuta

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional ha elaborado un informe sobre la entrada masiva de migrantes que se registró en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Según el documento, el hecho no puede considerarse un episodio espontáneo o incidental, sino el resultado de una planificación previa, una fase simultánea de ejecución y una etapa posterior, todo ello coordinado con dirección estratégica sobre el terreno.

Fuentes jurídicas confirmaron este miércoles a El Independiente que el informe señala a las autoridades marroquíes como responsables. En concreto, los investigadores destacan el papel de las “Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos”, cuya escasa presencia combinada con un “guío activo de la masa hacia los lugares de paso” sugiere una acción previamente definida. La contradicción es evidente: el Ministerio del Interior había afirmado que el Director de la Policía Nacional no había encontrado ningún informe que atribuyera responsabilidad a esas fuerzas, pese a que la jueza María Tardón, a cargo de la causa, recibió el informe y solicitó a la Policía y a la Guardia Civil los documentos necesarios para determinar si se había cometido un delito contra la independencia del Estado, competencia de la Audiencia Nacional.

Planificación y coordinación evidenciadas en el informe

Los investigadores describen una fase de planificación previa en la que la elección de Ceuta, la zona exacta del acceso masivo, y los horarios de activación de los distintos perfiles de entrada no parecen fruto de la casualidad. La “concurrencia concertada” de esos elementos revela una autoría intelectual anterior y una ejecución material simultánea que implican funciones de seguimiento y control.

El informe también menciona la “dinamización y viralización de mensajes”, la activación y desactivación de perfiles en redes sociales y sistemas de mensajería, y la existencia de una “contranarrativa y desinformación” vinculada a actores externos. Todo ello, según los analistas, refuerza la presencia de una dirección estratégica y operacional que actuó siguiendo procedimientos definidos a lo largo de las distintas fases del proceso.

En cuanto a los objetivos, el documento descarta que la operación tuviera una finalidad exclusivamente migratoria. Se habla de una “finalidad migratoria aparente”, utilizada como cobertura para impulsar un flujo masivo de personas hacia la frontera de Ceuta. Solo alrededor del 10 % de los que ingresaron ilegalmente permanecen en territorio español, lo que, según la Policía, refuerza la hipótesis de motivaciones ulteriormente políticas.

El informe vincula estos hechos con una segunda convocatoria prevista para el 15 de agosto de 2026, descrita como “mucho más explícita” y “absolutamente controlada por la estructura de seguridad marroquí”. Tras esa fecha, se difundieron mensajes oficiales que reivindicaban territorios y cuestionaban la soberanía española sobre Ceuta y Melilla.

Los investigadores subrayan el alto nivel de especialización necesario para ejecutar la entrada masiva, que supera las capacidades de cualquier organización criminal conocida en la zona. La combinación del punto de acceso, la forma de ingreso y los perfiles de los migrantes perseguía, en primer lugar, “colapsar el sistema de gestión fronteriza”, desviando recursos policiales hacia labores de salvamento y saturando los centros de recepción y contención.

Una vez producido el colapso, el objetivo habría sido “eliminar la capacidad de respuesta por parte de España”. Para ello, se habría introducido progresivamente a familias, mujeres y niños, de modo que cualquier intento de restablecer el control del perímetro resultara prácticamente imposible.

El análisis también señala la existencia de individuos cuyo “perfil, actitudes y acciones no se correspondían con los de la masa”, lo que indica una organización y coordinación interna que requería supervisión sobre el terreno.

En cuanto a los efectos, el informe detalla consecuencias institucionales, sociales, sanitarias, geopolíticas y políticas. Se menciona la saturación de las capacidades de prevención, contención, respuesta y asistencia, el deterioro de la seguridad pública, la pérdida de confianza en las instituciones y el impacto sobre el sistema sanitario. En el plano internacional, se advierte un “deterioro de la imagen‑país” y un “cuestionamiento internacional”. Asimismo, se destaca un “cuestionamiento del CNI en la detección de lo ocurrido”, calificándolo como una posible acción de contra‑inteligencia ofensiva de manual.