Los sindicatos piden la cabeza de Puente y denuncian falta de personal en los centros de control de Adif
Los sindicatos ferroviarios han estallado en contra de la estrategia del ministro de Transportes, Óscar Puente, de imputar la responsabilidad del accidente de Toledo al operador de circulación de IF, que ordenó reanudar la marcha del AVE de Renfe, provocando el choque con un tren de Iryo.
El siniestro ferroviario ocurrido el miércoles en la línea de alta velocidad entre Madrid y Toledo dejó al menos 69 fallecidos. Según las primeras conclusiones de la investigación, el origen del accidente fue una falla informática que hizo que el sistema de seguridad LZB detuviera a seis trenes en la zona. Sin embargo, maquinistas y el responsable delegado de Iryo habían alertado durante meses sobre incidencias recurrentes en dicho sistema.
Reacción de los sindicatos
En una comparecencia desde el propio centro de control del tráfico en Atocha, el ministro Puente señaló de forma inmediata el error de un trabajador que, según él, habría dado la consigna al maquinista. Desde el colectivo de responsables de circulación de IF, representantes del Sindicato de Circulación Ferroviaria (SCF) han defendido que «no se puede reducir todo a un error humano».
«Resulta vergonzoso que su primera reacción haya sido culpar a un trabajador antes incluso de que se haya iniciado la investigación», afirman fuentes del SCF, que además anuncian la difusión a los medios de los audios con los maquinistas y exigen la dimisión inmediata del ministro.
Causas del accidente
- Falla informática del sistema LZB que detuvo a varios trenes.
- Orden de reanudación de la circulación emitida por el responsable de IF, pese a que el sistema no estaba totalmente restablecido.
- Deficiencias en los protocolos de seguridad y falta de un mecanismo automático que frenara el tren ante la ocupación de la vía.
Falta de personal tras la liberalización
Los profesionales de circulación denuncian una grave escasez de personal, agravada por la liberalización ferroviaria impulsada por el Gobierno del PSOE. El mayor número de operadores y la creciente carga de obras ferroviarias generan un incremento de incidencias que el actual personal no puede atender adecuadamente.
«La sobrecarga de trabajo es cada vez mayor. Muchos empleados se dan de baja porque no pueden gestionar la presión diaria», indican los representantes sindicales. En el Centro de Regulación de Atocha, varios puestos están catalogados para ser gestionados por dos personas, pero la falta de personal impide cumplir con esa normativa. Algunos trabajadores incluso temen ausentarse, por ejemplo, para ir al baño, porque la mesa quedaría sin cobertura.
Los sindicatos recuerdan que, tras la tragedia ocurrida hace nueve meses en Amuz (Córdoba), con 46 fallecidos, se ampliaron las plazas ofertadas. Sin embargo, advierten que esas incorporaciones tardarán al menos dos años en estar operativas.
Equipos tecnológicos obsoletos
Gran parte del hardware que sustenta el sistema de seguridad LZB data de los años noventa y aún no ha sido reemplazado. El sistema, de origen alemán, está instalado en la línea Madrid‑Andalucía desde su inauguración en 1992 y debía haber sido sustituido por uno más moderno. Actualmente, se está llevando a cabo la migración al estándar europeo ERTMS, pero, a pesar de los fondos europeos de recuperación, la puesta en marcha sigue pendiente.
«Se ha priorizado el servicio sobre la adaptación tecnológica. El LZB es fiable en condiciones normales, pero si hay averías constantes deja de ser seguro», afirman fuentes sindicales.
Exigencias de los sindicatos
Comisiones Obreras (CCOO) ha pedido el cese inmediato del ministro, argumentando que sus declaraciones son precipitadas y culpabilizan a los trabajadores sin esperar los resultados de la investigación. La UGT, aunque menos radical, ha reprochado la falta de prudencia y la ausencia de análisis de los factores humanos y organizativos que contribuyeron al desastre.
El CSIF, mayoritario entre los funcionarios, también solicita la dimisión de Puente, acusándolo de utilizar a un trabajador como «chivo expiatorio».
Entre los puntos que los sindicatos exigen que se investiguen se encuentran: la orden de retomar la marcha pese a que el LZB no estaba operativo, la falta de un sistema automático de frenado, la escasa dotación de personal, la sobrecarga de trabajo en los centros de regulación y la demora en la modernización tecnológica.
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