Nervis Villalobos, el viceministro venezolano vinculado a Zapatero al que las 'cloacas del PSOE' gestionaron la nacionalidad
Nervís Villalobos compareció este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para esclarecer los medios por los que obtuvo la nacionalidad española. El exviceministro de Energía Eléctrica de Hugo Chávez está citado como investigado por un presunto delito de falsedad documental en relación con los papeles que presentó para acogerse a la llamada “ley de nietos”, la vía de adquisición de nacionalidad contemplada en la Ley de Memoria Democrática para descendientes de españoles bajo determinados supuestos.
Pedraz ha requerido expresamente a Villalobos la entrega de los documentos originales de su expediente, entre ellos los certificados de nacimiento y el pasaporte de su abuela española, con el fin de comprobar la autenticidad del vínculo familiar que sustentó su solicitud.
Contexto de la Ley de Memoria Democrática
La denominada “ley de nietos” vuelve a ocupar un lugar central en el debate judicial después de que el Gobierno entregara al Tribunal Supremo la identidad de 163 355 personas que obtuvieron la nacionalidad bajo el amparo de la Ley de Memoria Democrática. El asunto ha suscitado controversia sobre la acreditación del exilio de los ascendientes y el derecho al voto. La normativa permite optar a la nacionalidad, entre otros supuestos, a quienes nacieron fuera de España y son hijos o nietos de españoles que perdieron o renunciaron a su nacionalidad como consecuencia del exilio.
El caso de Villalobos presenta una particularidad que ahora investiga Pedraz. Antes de recurrir a la Ley de Memoria Democrática, el exalto cargo venezolano intentó obtener la nacionalidad española por residencia en dos ocasiones, ambas rechazadas. La primera solicitud se presentó el 20 de febrero de 2017 y fue denegada el 17 de julio de 2020; la segunda, el 25 de abril de 2024, fue rechazada el 10 de octubre de 2025 por no cumplir los requisitos legales de esa vía.
Tras esos fallos, Villalobos solicitó la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática, petición que fue estimada el 21 de abril de 2025 y cuya inscripción definitiva se realizó el 23 de octubre del mismo año. Es este expediente el que ahora está bajo la lupa del juez.
La investigación no solo cuestiona la concesión de la nacionalidad, sino también la documentación utilizada para acreditar el vínculo con su abuela española. La Unidad Central Operativa (UCO) ya solicitó al Ministerio de Justicia, en junio, el expediente completo por orden del magistrado, que también exigió identificar a los funcionarios que intervinieron en su tramitación y los accesos a los registros digitales.
El Ministerio de Justicia ha defendido que la concesión se ajustó al procedimiento establecido. Según sus explicaciones, la solicitud de Villalobos fue concedida tras un recurso y una revisión por parte de los funcionarios competentes, contando con el dictamen de una consejera, el visto bueno del jefe de servicio, la propuesta del subdirector general y la resolución de la directora general.
En el marco de la investigación también han salido a la luz comunicaciones intervenidas con Leire Díez, exmilitante del PSOE. El 19 de diciembre de 2024, Díez dejó por escrito: “Necesito hablar contigo de la nacionalidad de Nervís”. Semanas después, el 7 de enero de 2025, insistió ante el abogado Ismael Oliver, que representa a Villalobos, para retomar las gestiones y describió al venezolano como “muy vulnerable frente a los policías y fiscales”.
Según el juez, la exmilitante intentó utilizar sus contactos para agilizar el expediente y ayudar a Villalobos a resolver problemas administrativos y financieros. En marzo de 2025 contactó a una persona identificada como “Hana” (posiblemente la eurodiputada del PSOE Hana Jalloul) y buscó una reunión con el entonces gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en relación con las dificultades que Villalobos tenía con sus cuentas bancarias.
La investigación también ha puesto bajo la lupa al abogado de Villalobos, Ismael Oliver. Un atestado incorporado al proceso indica que Díez y Oliver habrían diseñado maniobras para favorecer la situación judicial del venezolano, incluida una propuesta de entrega de 300 000 euros al fiscal José Grinda a cambio de que archivara procedimientos que afectaban a Villalobos, y la obtención de información sobre el fiscal Alejandro Luzón.
En los documentos se encuentran anotaciones que vinculan a Villalobos con el entorno político español, concretamente con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Aparecen referencias como “Zapatero Nervis”, “Peticiones ZP / Nexus” y “Reunión Con ZP”, esta última acompañada de una mención a la “Nacionalidad”. Si bien estas notas no prueban una intervención directa de Zapatero, forman parte del conjunto de evidencias que los investigadores están intentando contextualizar.
El exviceministro no es ajeno a investigaciones que afectan al entorno chavista. Después de su paso por el gobierno de Chávez, Villalobos se desempeñó como consultor y empresario, y su nombre ha figurado en procedimientos judiciales por presuntos delitos de corrupción y blanqueo de capitales, entre ellos los vinculados a la empresa Duro Felguera.
En la causa dirigida por Pedraz, Villalobos deberá responder directamente ante el juez sobre la procedencia de los documentos que utilizó para obtener la nacionalidad española. La UCO lleva meses reconstruyendo el proceso de tramitación del expediente y quién tuvo acceso a él, mientras el debate sobre la “ley de nietos” sigue ocupando un lugar central en la jurisprudencia española.
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