¿Qué puede cambiar con Vox al mando de las competencias en violencia de género?
Tras el acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox, la gestión de competencias vinculadas a la violencia de género en Andalucía pasará a manos del vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, quien también ocupa la cartera de Turismo y Justicia. La reestructuración del Ejecutivo andaluz le confiere la responsabilidad de las áreas dependientes de la Consejería de Justicia, entre ellas la coordinación de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIG) y del sistema VioGén.
El registro del Ministerio del Interior sitúa a Andalucía como la comunidad autónoma con mayor número de casos activos de violencia de género, superando a la Comunidad Valenciana y a la Región de Murcia. Según datos del Instituto de la Mujer, en 2025 la violencia de género cobró la vida de 48 mujeres en la región.
Implicaciones de la asunción de competencias por parte de Vox
La nueva distribución de funciones otorga a Gavira la capacidad de intervenir en la valoración del riesgo de las víctimas, la gestión de recursos económicos, la elaboración de protocolos internos y la coordinación de campañas de sensibilización. Estas competencias, aunque limitadas por la normativa estatal, son clave para la operatividad del modelo de protección.
Vox ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de sustituir la Ley Integral contra la Violencia de Género por una normativa que denomina “violencia intrafamiliar”. En 2019, el entonces secretario general del partido, Javier Ortega Smith, describió la violencia de género como “una gran mentira”. Estas posturas han generado críticas de la oposición y del Ministerio de Igualdad, que advierten sobre posibles cambios en los protocolos y prioridades presupuestarias.
En el contexto andaluz, la oposición y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, han cuestionado el nombramiento de Emmanuel Toro como coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Sevilla, señalando la necesidad de mantener la continuidad del modelo de protección vigente.
El debate se centra en tres ámbitos:
- Valoración del riesgo: La UVIG, creada por la Junta andaluza, es responsable de analizar la peligrosidad objetiva y subjetiva que afrontan las víctimas.
- Distribución de recursos y prioridades: Incluye la definición de presupuestos para programas de atención, prevención y acompañamiento.
- Comunicación institucional: El lenguaje utilizado en campañas y documentos oficiales puede influir en la percepción pública del problema.
Si bien la legislación estatal (Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Código Penal y normas de protección judicial) no puede ser modificada unilateralmente por una comunidad autónoma, la gestión operativa sí está sujeta a las decisiones del ejecutivo regional.
Experiencias anteriores en otras comunidades donde Vox ha participado en gobiernos autonómicos (Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón y Región de Murcia) muestran que, aunque el discurso institucional ha cambiado, el marco jurídico y los derechos de las víctimas se han mantenido. No obstante, en esos territorios se ha observado un aumento de denuncias y casos activos, aunque la causal directa no puede atribuirse exclusivamente a la presencia de Vox.
Datos recientes del Ministerio del Interior (julio de 2026) indican que en España existen 27 885 casos activos en el sistema VioGén, de los cuales 246 presentan un riesgo alto y tres un riesgo extremo. Andalucía encabeza la lista con 17 556 expedientes abiertos y 1 556 menores en situación de riesgo vinculados a dichos casos. La Comunidad Valenciana le sigue con 17 111 casos activos y la Región de Murcia con 12 591.
En Andalucía, la tasa de víctimas de violencia de género se sitúa en 81,9 por cada 10 000 mujeres. El aparato de coordinación incluye a 862 ayuntamientos que disponen de Policía Local integrada en VioGén, lo que facilita la intervención policial y la prevención a nivel local.
Entre las propuestas de Vox que podrían influir en la gestión autonómica destacan:
- Derogación de la Ley Integral contra la Violencia de Género y sustitución por una ley de “violencia intrafamiliar”.
- Endurecimiento de las penas por delitos sexuales.
- Supresión del Ministerio de Igualdad y eliminación de políticas que consideran vinculadas a la “ideología de género”.
- Reforma del sistema judicial especializado, con la integración de los juzgados de violencia sobre la mujer en los juzgados de familia y la incorporación de las fiscalías especializadas en violencia de género a las fiscalías de familia.
Estas iniciativas, aunque no pueden alterar los derechos fundamentales ni la normativa penal estatal, sí pueden modificar la forma en que se organizan los recursos, se diseñan los protocolos y se comunica la problemática en el ámbito regional.
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