Red eléctrica al borde del colapso en 2025 la alerta que nadie quiere ver
El año 2025 quedará marcado no solo por el apagón del 28 de abril, sino por la profunda crisis que atraviesa la red eléctrica española. A escasos días de cerrar el ejercicio, el sistema continúa su deterioro progresivo, con escasa capacidad para integrar nuevas conexiones y una infraestructura cada vez más obsoleta. A esto se suma un nuevo marco regulatorio aprobado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para la retribución de las inversiones en redes, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y que ha generado fuertes críticas dentro del sector energético y entre sectores del propio órgano regulador. Las eléctricas advierten que este nuevo marco podría situar a España en desventaja frente al resto de Europa en términos de atracción de inversiones.
Una red saturada y en retroceso
Según datos de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), el 88% de las solicitudes de nueva conexión a la red realizadas en 2025 han sido rechazadas o permanecen en trámite. Esto significa que apenas el 12% de las peticiones han podido ser atendidas. Industrias, proyectos de movilidad eléctrica, desarrollos residenciales y sistemas de almacenamiento de energía se ven obligados a paralizar sus planes por la incapacidad técnica de la red para asumir nuevas cargas. En total, se solicitaron 40 GW de potencia para acceso y conexión, pero solo 4,5 GW fueron efectivamente autorizados. Otros 25 GW fueron denegados por falta de capacidad, mientras que 8,5 GW aún están en proceso de evaluación.
La situación ha llegado a tal punto que, según denuncia AELEC, “ya hay proyectos que ni siquiera solicitan el acceso, porque saben de antemano que no existe capacidad disponible en la zona donde necesitan conectarse”. Esta dinámica no solo frena la competitividad del país, sino que empuja a empresas y promotores a trasladar sus inversiones a otros mercados con regulaciones más favorables.
El conflicto por la rentabilidad de las redes
La CNMC ha confirmado un marco regulatorio que fija la tasa de retribución para las inversiones en redes en el 6,58% para el periodo 2026-2031, manteniendo su metodología de cálculo. Esta decisión ha sido recibida con preocupación por las empresas del sector, que reclamaban una tasa mínima del 7% y proponían incluso un 7,5% para garantizar la competitividad y atraer capital. La propuesta final de la CNMC, aunque ligeramente superior al 5,58% actual, se sitúa por debajo de lo considerado necesario por el sector y de lo que ya aplican otros países europeos.
Portugal, por ejemplo, ha establecido una retribución del 6,7% para sus redes, mientras que Irlanda ha optado por un 8% y el Reino Unido ha ajustado al alza su tasa por encima de la española. Ante este escenario, AELEC insiste en que España no puede permitirse quedar rezagada: “Nuestra industria debe tener las mismas oportunidades para acceder a la red que la británica o la portuguesa”, señalan desde la asociación.
La metodología en entredicho
- La CNMC propone que la remuneración por inversión esté ligada a criterios como la estimación de la demanda futura.
- El Consejo de Estado emitió un informe no vinculante en el que cuestiona que estas exigencias excedan el control real que tienen las empresas a la hora de planificar inversiones.
- Además, se plantea dudas sobre si corresponde a la CNMC definir aspectos que, por su naturaleza, pertenecen al ámbito de la política energética del Gobierno.
Este debate técnico y regulatorio tiene consecuencias directas sobre la modernización de la red. Sin incentivos claros y atractivos, las compañías podrían desviar sus inversiones a otros mercados. Iberdrola, por ejemplo, ya ha anunciado un plan global de 58.000 millones de euros en redes para los próximos cuatro años, con una fuerte apuesta en mercados extranjeros donde el marco regulatorio es más favorable.
Una red del siglo pasado para los desafíos del futuro
Gran parte de la infraestructura eléctrica española data de hace casi 50 años. Tramos extensos de la red fueron diseñados para un modelo energético centralizado y de baja demanda, muy distinto al actual, marcado por la descentralización, la proliferación de renovables y el auge del autoconsumo. Hoy, la electrificación industrial, el crecimiento de centros de datos, el desarrollo de inteligencia artificial y la expansión de la movilidad eléctrica exigen una red más robusta, flexible y digitalizada.
Sin embargo, el colapso en varios nudos críticos de la red es ya una realidad. Los desajustes entre oferta y demanda, sumados a una planificación insuficiente y a una inversión restringida por el marco regulatorio, han provocado retrasos generalizados y la paralización de proyectos estratégicos. “Muchas industrias no pueden avanzar en sus procesos de electrificación, lo que afecta a su productividad y eficiencia, comprometiendo su futuro”, advierten desde el sector.
El reto inmediato es claro: modernizar una red estructuralmente débil para absorber un aumento estimado del 50% en la demanda eléctrica en la próxima década. Sin una respuesta ágil y ambiciosa, España podría perder una oportunidad histórica para liderar la transición energética y reindustrializar su economía.
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