Sánchez apura la negociación de un decreto ley de vivienda "atrevido" que pueda atar a Junts y contentar a su izquierda
El ministro de Hacienda, Araceli España, ha asegurado que el Real Decreto‑Ley de Vivienda se negociará «hasta el último minuto», una afirmación que refleja la complejidad que ha caracterizado las dos legislaturas de coalición en España. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se encuentra, sin embargo, en un punto de inflexión decisivo, presionado tanto por la sociedad como por sus socios de gobierno para aprobar un texto que proteja a los más vulnerables frente a los desahucios.
El desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años que vivía en el barrio de Retiro desde hace más de siete décadas, a manos de un fondo de inversión que adquirió su vivienda, ha desencadenado una oleada de protestas. La anciana, ingresada en el Hospital Gregorio Marañón tras ser desalojada en camilla, se ha convertido en el símbolo de la crisis de la vivienda, movilizando a cientos de personas que acamparon en la Puerta del Sol desde el sábado por la noche.
Ante este escenario, el Consejo de Ministros se reunirá este martes con el objetivo de aprobar un proyecto de decreto‑ley que incluya, entre otras, una moratoria de desahucios hasta 2028 y la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que expiren antes del 31 de diciembre de 2028. El texto, que el ministro de Vivienda Isabel Rodríguez ha encabezado en las negociaciones, debe ser convalidado por el Congreso dentro del plazo de un mes, lo que implica que todos los partidos que integran la investidura —incluidos Junts y Podemos— deberán apoyar la iniciativa o, como máximo, abstenerse.
Principales medidas del proyecto de decreto
- Prohibición de la compra especulativa de viviendas por fondos buitre. La medida busca frenar la acumulación de inmuebles con fines de inversión y facilitar la disponibilidad de vivienda para la compra y el alquiler.
- Moratoria de desahucios. Se prohíben los desalojos de personas vulnerables hasta 2028 y se establece una solución estructural que cubra los impagos de los inquilinos en los casos de pequeños propietarios, con el Estado asumiendo los costes.
- Prórroga automática de los contratos de alquiler. Los arrendamientos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 se prolongarán automáticamente dos años más, siempre que el inquilino mantenga sus obligaciones de pago.
- Incentivos fiscales. Se contemplan bonificaciones para inquilinos y propietarios que reduzcan el precio del alquiler, así como ayudas para la compra de la primera vivienda para quienes no disponen de ahorros.
- Regulación del alquiler de temporada y de habitaciones. Se pretende establecer límites para evitar el uso abusivo de viviendas como alojamientos turísticos o de corta duración.
- Blindaje del parque estatal de vivienda y reducción del IVA. Se propone proteger la vivienda pública y bajar el tipo de IVA en la construcción de viviendas protegidas.
Junts ha expresado su descontento, argumentando que el Gobierno, bajo la presión de sus socios, ha transformado la propuesta original en un «real decreto‑ley ómnibus» que incorpora múltiples disposiciones que no formaban parte del acuerdo preliminar. Aun así, el partido ha manifestado su disposición a seguir negociando, siempre que se mantengan las garantías para los pequeños propietarios.
Podemos y el resto de la izquierda, representados por Sumar, han sido aún más exigentes. La eurodiputada Irene Montero ha calificado el texto de «una falta de respeto» a la movilización social, señalando que la prórroga de los contratos de alquiler seguirá siendo anual y que los inquilinos deberán estar al corriente de pagos en todo momento. Además, exigen la inclusión de contratos de arrendamiento indefinidos, una medida que limitaría las causas de expulsión a casos muy concretos.
El PNV, por su parte, apoya la prohibición de los fondos buitre y la garantía jurídica para los inquilinos, pero insiste en la necesidad de proteger a los pequeños propietarios y evitar un acuerdo que considere «máximas ideológicas». El portavoz del partido, Maribel Vaquero, ha subrayado que aprobar cualquier medida sin la convalidación parlamentaria en un mes sería un fracaso.
En la Moncloa se insiste en que el decreto no es un texto de mínimos, sino un proyecto «atrevido y ambicioso» que busca ir más allá de los intentos anteriores, como la moratoria antidesahucios y la prórroga de alquileres que ya fueron presentados sin éxito en el Congreso. La presión social y el caso de Maricarmen han, según el gobierno, movilizado a los socios de coalición, especialmente a Junts, que ahora muestra mayor apertura al acuerdo.
Pedro Sánchez ha concluido su agenda en Barcelona con un llamado a todos los grupos parlamentarios para que realicen un «último esfuerzo» y aprueben el decreto con «altura de miras, sentido de responsabilidad y compromiso». Las horas que restan determinarán si el proyecto logrará el consenso necesario para convertirse en la primera gran reforma de vivienda de la legislatura o si se verá frustrado por la falta de apoyo de alguno de los partidos.
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