Sumar acusa a Sánchez de "seguir el camino de la extrema derecha" tras la prórroga de Almaraz

El Gobierno ha anunciado la prórroga del funcionamiento de la central nuclear de Almaraz, en la provincia de Cáceres, hasta junio de 2030. La medida, que se enmarca en la política energética del Ejecutivo, ha generado una fuerte reacción de colectivos ecologistas y de la coalición liderada por Movimiento Sumar, que la califican como un retroceso en los compromisos climáticos del país.

Críticas de Greenpeace y Movimiento Sumar

Greenpeace ha calificado la decisión de “un error histórico” y una “cesión vergonzosa” ante lo que considera una presión del oligopolio eléctrico. La directora ejecutiva de la organización, Eva Saldaña, señaló que la prórroga no se sustenta en criterios de seguridad técnica ni en la reducción de la factura eléctrica de los hogares, sino que responde a intereses económicos de las tres compañías propietarias de la planta: Iberdrola, Endesa y Naturgy. Saldaña también acusó al presidente Pedro Sánchez de “defraudar la confianza de los votantes que apoyaron sus compromisos ambientales”.

Puntos Clave
  • El Gobierno prorrogó el funcionamiento de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030
  • Greenpeace calificó la medida como “un error histórico” y la atribuyó a intereses de Iberdrola, Endesa y Naturgy, no a criterios de seguridad o ahorro en la factura eléctrica
  • Movimiento Sumar acusó a Pedro Sánchez de “seguir el camino de la extrema derecha”, de romper compromisos climáticos y de retrasar la descarbonización al priorizar intereses corporativos
  • Según el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, la planta presenta incumplimientos de seguridad y la prórroga implicará un elevado coste para el erario público, restando fondos a políticas sociales y a la transición energética.

Por su parte, Movimiento Sumar ha denunciado una “ruptura del compromiso histórico” del Gobierno con la ciudadanía. La coalición sostiene que la extensión de la vida útil de Almaraz no obedece a necesidades técnicas, competitivas ni de protección ambiental, sino a intereses corporativos que retrasan la descarbonización y aumentan los riesgos y costes para la sociedad. Según sus portavoces, el reciente informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) evidencia “incumplimientos constantes en materia de seguridad” por parte de las operadoras, lo que contradice la justificación oficial.

Sumar también advierte que el elevado coste económico de mantener la central en funcionamiento recaerá en el erario público, hipotecando el presupuesto y los recursos destinados a políticas sociales y a la transición energética. “Cada euro invertido en una infraestructura que debe cerrarse es un euro que no se destina a fortalecer nuestra seguridad, soberanía e independencia energética”, afirmó la formación.

En el plano presupuestario, Movimiento Sumar propone mantener los impuestos al sector nuclear, exigir una auditoría transparente de las cuentas de Enresa y garantizar la responsabilidad subsidiaria de las empresas propietarias. Asimismo, reclama la puesta en marcha de un plan de reconversión industrial y productiva en la zona de Almaraz que garantice empleo estable y de calidad para la región extremeña.

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Carlos Mendoza Vargas Periodista

Licenciado en Comunicación Social con mención en Periodismo por la Universidad Central de Venezuela. Tiene 12 años de experiencia en cobertura de política nacional y conflictos sociales, con pasantías en medios internacionales como BBC Mundo. Especializado en periodismo de investigación y análisis político.

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