Un año sin noticias del comandante Carlos Brenes: "Da miedo pensar hasta dónde vamos a llegar en Nicaragua"
El 14 de agosto de 2025 la vida de Thelma cambió de forma irreversible cuando la policía nicaragüense detuvo a su padre, el coronel retirado Carlos Ramón Brenes, y a su madre, Salvora del Socorro Martínez. El excombatiente, que abandonó el sandinismo hace más de tres décadas y se ha mantenido crítico del gobierno de Daniel Ortega, fue arrebatado de su vivienda bajo la excusa de un “interrogatorio”. Desde entonces, la familia no ha recibido visitas ni ninguna prueba de vida, y la hija describe el silencio como “absoluto”.
Antecedentes y contexto político
Esta no es la primera vez que Brenes enfrenta a las autoridades nicaragüenses. En 2018 fue detenido arbitrariamente, acusado de terrorismo y condenado a más de 30 años de prisión; sin embargo, fue liberado mediante una “amnistía general”. En la última detención no se han presentado cargos públicos contra el coronel, y la familia señala que el proceso se ha llevado a cabo bajo la fachada de un interrogatorio.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había solicitado medidas de protección urgentes para la familia, pero el Estado nicaragüense no ha atendido dichas recomendaciones. En abril, la CIDH dictó una condena de 15 años contra Brenes por “traición a la patria”, aunque la familia sostiene que los juicios de los presos políticos se realizan de forma virtual y sin registro oficial.
En medio de la creciente represión, el presidente Ortega anunció recientemente que no convocará nuevas elecciones, profundizando la incertidumbre para las familias de los detenidos políticos, que temen no volver a reencontrarse con sus seres queridos.
Según organizaciones de derechos humanos, en Nicaragua hay 48 personas privadas de libertad por motivos políticos y 22 desaparecidos. Thelma advierte que estas cifras representan sólo la punta del iceberg, ya que el clima de miedo impide que muchas familias denuncien la situación de sus seres queridos.
“Si informamos a los medios que un familiar está desaparecido, la policía acude a nuestras casas y nos obliga a dejar de buscarlo”, relata Thelma, describiendo la intimidación que mantiene silenciados a los afectados.
Incluso quienes son liberados bajo el programa “casa por cárcel” lo hacen con la condición de guardar silencio bajo la amenaza de ser re‑encarcelados. La falta de testimonios directos dificulta la identificación de quienes aún permanecen en las celdas.
El coronel Brenes se encuentra recluido en la prisión La Modelo, en Managua. Según los relatos de su hija, durante su anterior detención pasó meses en celdas de máxima seguridad y aislamiento, con una rendija mínima para el aire y apenas unos minutos de salida al exterior por semana. “Estuvo cuatro meses sin luz eléctrica en su celda”, recuerda Thelma, quien también asegura que, pese a entregar puntualmente los medicamentos que necesitaba, el personal penitenciario nunca le suministró el tratamiento completo.
Carlos Brenes tiene 71 años y padece diabetes, hipertensión y graves problemas de columna. Su esposa, Salvora, de 69 años, había programado una cirugía para la semana siguiente a su detención, pero la familia duda que haya podido recibir la intervención. La falta de atención médica en la cárcel agrava la desesperación de sus familiares.
En los últimos años, al menos nueve presos políticos han fallecido bajo custodia del Estado nicaragüense. El caso más reciente es el de Brooklyn Rivera, líder indígena de 73 años, quien tras dos años de incomunicación fue encontrado inconsciente en un hospital, ingresado en coma y falleció el 30 de mayo. “No se murieron, los dejaron morir; los mataron”, denuncia Thelma, señalando la práctica del régimen de negar auxilio médico y mantener aislamiento prolongado como método pasivo de ejecución. Cuando ocurre un fallecimiento, las familias reciben ataúdes sellados y son obligadas a realizar “entierros exprés”, sin posibilidad de autopsia independiente.
Aunque el gobierno ignora sistemáticamente las medidas de protección internacionales, la familia de Brenes continúa utilizando todos los mecanismos disponibles: la ONU, la Corte Interamericana y otras instancias de derechos humanos. “Estamos tocando todas las puertas posibles para que el mundo no olvide lo que ocurre en las cárceles de Nicaragua”, afirma Thelma.
La presión internacional se ha mostrado limitada en comparación con otras crisis de la región, según la propia denunciante, quien atribuye esta apatía a la falta de recursos estratégicos de Nicaragua. Sin embargo, Thelma advierte que la violencia estatal y la represión cruzarán fronteras, afectando a Centroamérica en su conjunto.
Desde 2018, aproximadamente el 10 % de la población nicaragüense ha emigrado a países como Costa Rica, Estados Unidos, Panamá y Guatemala. Además, el aparato represivo de Ortega ha comenzado a perseguir a opositores en el exilio, extendiendo la crisis interna a la región.
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