Vox insiste en sembrar dudas con el voto por correo y plantea que se introduzca en urnas separadas para evitar "fraudes"
El Grupo Parlamentario Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que pretende separar el voto por correo del voto presencial, creando urnas independientes para cada modalidad. La iniciativa modifica la Ley Orgánica del Régimen General Electoral de 1985 y busca, según sus autores, reforzar la seguridad y la transparencia del escrutinio electoral.
Principales cambios propuestos por Vox
En su exposición de motivos, el grupo de Vox afirma que la medida “salvaguardará la seguridad y la transparencia de todo el proceso electoral en sus distintas fases” y evitará “potenciales riesgos de fraude y de manipulación del voto”. Los cambios legislativos más relevantes son los siguientes:
- Artículo 88, apartado 2: Se plantea que, una vez finalizada la votación, el Presidente de la mesa introduzca los sobres de voto por correo en una urna separada de la urna presencial, verificando previamente la inscripción del elector y el cumplimiento de los requisitos del artículo 73.
- Artículo 95, apartado 4: Se diferenciará el escrutinio de ambas urnas. El Presidente leerá en voz alta los resultados de la urna presencial y, de forma independiente, los de la urna de voto por correo.
- Artículo 97, apartado 2: En la proclamación de resultados se desglosarán, tanto de forma agregada como diferenciada, los datos relativos al voto presencial y al voto por correo (número de electores, papeletas nulas, votos en blanco, etc.).
- Disposición adicional primera, apartado 2: La separación de urnas se aplicaría también a las elecciones a Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas, extendiéndose así a procesos autonómicos y locales.
Vox sostiene que la actual normativa permite “posibles riesgos de corrupción electoral durante el escrutinio de los votos, y en particular, de los votos emitidos por correo”, y que la propuesta eliminará cualquier margen de manipulación.
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, defendió la iniciativa durante una intervención previa a la reunión de la junta de portavoces, argumentando que el Gobierno del PSOE, bajo la dirección de Pedro Sánchez, ha puesto en entredicho la integridad del sistema electoral y que la medida es necesaria para “garantizar la libre expresión de la soberanía popular”.
En contraste, la propia Ley de Memoria Histórica, conocida como la “ley de los nietos”, sí otorga la nacionalidad española a descendientes de exiliados por el franquismo, pero la regularización extraordinaria que se está gestionando para más de medio millón de personas solo afecta a la residencia, sin conceder derecho a voto en las elecciones generales.
La iniciativa se inscribe en una estrategia de Vox que, desde las elecciones municipales y autonómicas de 2023, ha cuestionado la fiabilidad del voto por correo, citando casos como el supuesto “fraude” en Melilla y un presunto robo de votos en un municipio de Cáceres. En junio de 2025 Vox presentó la propuesta en el Congreso, aunque la Mesa la calificó como “inconstitucional” y el Gobierno la vetó alegando que el cambio tendría repercusiones en los Presupuestos Generales del Estado.
En la actualidad, Vox cuenta con 171 diputados. Para que la propuesta sea considerada, necesitaría el apoyo de la mayoría del Congreso (179 diputados del resto de los grupos). Sin el respaldo de Junts, que ha descartado negociar con Vox, la iniciativa difícilmente alcanzará la mayoría necesaria. En caso de avanzar, al tratarse de una ley orgánica, requeriría una mayoría absoluta para su aprobación.
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