La mano derecha del DAO de la Guardia Civil se escuda en que sus subordinados de la UCO nunca se quejaron de "presiones"
Juan Manuel del Barco, secretario del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, y el propio DAO, Manuel Llamas, comparecieron este martes ante la Audiencia Nacional para negar que existieran presiones sobre los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) a los que se les habían abierto dos “informaciones reservas” en el marco de las investigaciones que involucran al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez, según confirmaron fuentes jurídicas a El Independiente.
Durante su intervención ante el magistrado Santiago Pedraz, que lleva el caso “Leire”, del Barco cuestionó las declaraciones del exjefe de la UCO, Rafael Yuste, y del general jefe de la unidad, Alberto López Malo, quienes habían afirmado haber recibido instrucciones para “ponerse de perfil” en las averiguaciones que afectaban al entorno del presidente del Gobierno. Según el secretario del DAO, ninguno de los dos mandos presentó queja alguna ni manifestó sentirse presionado cuando fueron interrogados en las diligencias internas abiertas tras la supuesta filtración de los mensajes entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente Pedro Sánchez, publicados en la prensa en mayo de 2025.
La presión sobre la UCO y las informaciones reservas
Los documentos a los que ha tenido acceso este diario indican que la UCO se convirtió en un “objetivo de interés” prioritario para una supuesta organización criminal, dado su papel en la instrucción de causas judiciales que involucraban directamente al PSOE y a miembros del Gobierno. Con el objetivo de desacreditar y neutralizar la labor de la unidad, se diseñó una estrategia procesal y mediática que pretendía “destruir” sus procedimientos.
Esa campaña buscaba provocar nulidades en casos complejos de fraude en el sector de los hidrocarburos y, a partir de allí, trasladar el impacto procesal a otras investigaciones sensibles, como el caso “Koldo”. Para ello, se habría intentado coaccionar a empresarios investigados y a altos mandos de la Guardia Civil ofreciéndoles mejoras procesales, la asunción de sus costes de defensa o puestos de responsabilidad a cambio de información comprometedora que dañara la credibilidad de la UCO.
En paralelo, la propia estructura interna de la Guardia Civil se utilizó para cercar a la UCO mediante la apertura de “informaciones reservas”. El hito más relevante tuvo lugar en mayo de 2025, tras la publicación en prensa de los mensajes privados entre el presidente del Gobierno y José Luis Ábalos. En ese momento, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el DAO, Manuel Llamas, ordenaron de forma urgente una investigación interna contra la UCO, bajo la premisa de que los mensajes procedían de filtraciones internas.
Sin embargo, el propio DAO conocía internamente que la UCO no era la fuente de la filtración y que Ábalos había reconocido públicamente haber autorizado la difusión de los chats a través de una persona de su confianza. Aun así, la presión institucional contra la unidad se describió como “excepcional” por los propios agentes, y se sumó a otras dos informaciones reservas abiertas en diciembre de 2024 y en septiembre de 2025.
La maniobra de mayo de 2025 se detuvo y archivó únicamente tras la intervención del poder judicial. El instructor de la información reserva se reunió con el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, quien advirtió de forma tajante que, de formalizarse el expediente, procedería a citar a declarar y a abrir diligencias penales tanto contra el instructor como contra el DAO que había ordenado la investigación. Ante esa advertencia y tras constatar las “presiones políticas” que se estaban ejerciendo, la alta dirección de la Guardia Civil ordenó el cierre inmediato y el archivo de las actuaciones sin que se hubiera practicado ninguna diligencia.
En el mismo proceso, el general jefe de Información de la Guardia Civil declaró ante el juez Pedraz que la fuente que motivó las pesquisas internas sobre la posible implicación de la UCO en la filtración de los mensajes era “fiable”. Según consta en el sumario, la exmilitante socialista Leire Díez contactó directamente a Mercedes González para solicitar la apertura de una investigación interna sobre el origen de la filtración de los mensajes entre Sánchez y el entonces número tres del PSOE, José Luis Ábalos.
Los registros indican al menos tres reuniones entre la directora general y Leire Díez. Aunque el Ministerio del Interior sostiene que en esas reuniones no se buscó menoscabar a la Guardia Civil, Mercedes González admitió que Díez le pidió intentar reincorporar al cuerpo al comandante Villalba, imputado en el caso “Koldo”. Además, los informes recogen que la directora solicitó localizar a todos los agentes de la UCO que investigaban los diferentes casos en los que estaban implicadas personas del Gobierno.
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