Polisario saca la artillería contra la UE por Marruecos
El Frente Polisario ha presentado formalmente un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea contra el reglamento que sustenta el nuevo acuerdo comercial entre la UE y Marruecos. La acción legal, interpuesta el 27 de diciembre de 2025, busca impugnar un pacto que, según el movimiento saharaui, incluye de facto el Sáhara Occidental ocupado dentro del marco del acuerdo sin el consentimiento del pueblo saharaui, en clara violación del derecho internacional y de sentencias previas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Una batalla jurídica prolongada
Este nuevo recurso se enmarca dentro de una estrategia legal continuada por parte del Polisario, que ya logró en 2024 la anulación de anteriores acuerdos agrícolas y pesqueros entre la UE y Marruecos tras demostrar que incluían productos del Sáhara Occidental sin el consentimiento de su representante legítimo. En esta ocasión, el Frente argumenta que el nuevo reglamento, aunque aplicado de forma provisional, reconfigura las relaciones entre Bruselas y Rabat integrando el territorio saharaui en el ámbito del pacto mediante un etiquetado que evade la denominación explícita del Sáhara Occidental, tal como fue exigido por el TJUE en sus fallos anteriores.
Oubbi Buchraya, asesor especial del secretario general del Frente Polisario para recursos naturales y asuntos jurídicos, anticipó semanas antes la presentación del recurso. “Vamos a recurrir la firma del acuerdo en su forma de aplicación provisional. Y cuando se concluya mediante ratificación por los Estados miembros y el Parlamento Europeo, recurriremos también la versión final. El tribunal solo examinará el último recurso presentado, que será el basado en el acuerdo plenamente ratificado”, señaló.
El fondo del conflicto legal
- El Polisario sostiene que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo, separado y distinto del Reino de Marruecos, según ha reiterado la jurisprudencia del TJUE.
- Cualquier acuerdo que implique explotación de recursos o comercio con productos originarios del territorio debe contar con el consentimiento del pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario.
- La inclusión de productos del Sáhara Occidental bajo la denominación “Marruecos” vulnera esta jurisprudencia y legitima de facto la ocupación del territorio.
La Comisión Europea defiende el acuerdo como un pilar clave para la estabilidad económica y geoestratégica en el Mediterráneo sur, especialmente en temas de seguridad, migración y comercio. Sin embargo, esta posición ha generado críticas internas, incluso dentro del Parlamento Europeo, donde varios eurodiputados han advertido que la UE está recompensando una situación de ocupación ilegal al permitir que productos del Sáhara Occidental accedan al mercado comunitario sin el consentimiento del pueblo afectado.
Por su parte, Marruecos insiste en que los acuerdos se ajustan al derecho internacional y considera el etiquetado de los productos como una afirmación de su soberanía sobre el Sáhara Occidental. Una postura que, no obstante, ha sido rechazada tanto por los tribunales europeos como por organismos internacionales, incluida la propia ONU, que reconoce el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
Repercusiones en el sector agrícola europeo
El acuerdo también ha generado rechazo entre los agricultores europeos, especialmente en España, donde se denuncia una competencia desleal por parte de Marruecos. Productos como el tomate, cuyo principal proveedor a la UE ya es Marruecos, ingresan al mercado con ventajas arancelarias que, según los productores españoles, desestabilizan sus economías locales. Cientos de tractores llegaron a tomar Bruselas en protesta contra el pacto y los recortes en la Política Agrícola Común (PAC), que agravan la situación del campo europeo.
Para el Frente Polisario, esta batalla jurídica trasciende lo legal: es un acto político fundamental en un momento en que Marruecos impulsa inversiones en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Insisten en que cualquier beneficio económico derivado de esos acuerdos sin su consentimiento no solo es ilegal, sino que profundiza la explotación de recursos naturales y perpetúa la ocupación del territorio, perjudicando directamente a la población saharaui.
El Tribunal General de la UE ahora deberá decidir si el nuevo reglamento respeta o no la jurisprudencia comunitaria. El proceso podría extenderse durante meses, y en caso de que se anule el acuerdo, la Comisión Europea se vería obligada a suspender su aplicación o reformularlo conforme a derecho. Mientras tanto, la presión política, jurídica y social sobre Bruselas sigue creciendo desde múltiples frentes: el movimiento saharaui, los agricultores europeos y sectores del propio Parlamento Europeo exigen coherencia con los principios del derecho internacional y la justicia comunitaria.
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