Aldama confiesa en el caso mascarillas y revela pagos millonarios a Ábalos y Koldo
El empresario Víctor de Aldama ha presentado ante el Tribunal Supremo su escrito de defensa en el marco del conocido como 'caso mascarillas', en el que reconoce la autoría de los delitos que se le imputan y detalla el pago de importantes cantidades de dinero a altos cargos políticos a cambio de influencia en la obtención de contratos durante la pandemia. En un documento de 26 páginas, al que ha tenido acceso este medio, Aldama afirma haber entregado alrededor de 2 millones de euros al exministro José Luis Ábalos y 500.000 euros a su exasesor, Koldo García, para favorecer la adjudicación de contratos relacionados con mascarillas.
Confesión y colaboración como atenuantes
El escrito, elaborado por su abogado José Antonio Choclán, subraya la colaboración "proactiva" y "temprana" de Aldama con la justicia, destacando la entrega de evidencias documentales que han contribuido al esclarecimiento del caso. La defensa insiste en que este comportamiento debe ser considerado como un atenuante "muy cualificado", en línea con lo establecido en el artículo 66.1.2º del Código Penal y en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ante la petición de siete años de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares, Aldama solicita al Tribunal Supremo que reduzca la pena en consideración a su confesión y a su aportación decisiva al desarrollo de la investigación.
Desvinculación del 'caso hidrocarburos'
- Aldama se desmarca de cualquier participación directa en la estructura de la empresa Villafuel, investigada en el 'caso hidrocarburos' y vinculada a Claudia Rivas.
- Según su defensa, sus relaciones con actores del sector energético se limitaban a intereses comunes en negocios inmobiliarios, especialmente en la participación en sociedades relacionadas con restaurantes en las Cuatro Torres de Madrid.
- Respecto a la intermediación en la obtención de una licencia como operador de productos petrolíferos, Aldama asegura que solo facilitó contactos con Koldo García, quien organizó reuniones en el Ministerio de Industria, pero que no intervino en la tramitación técnica ni administrativa del expediente.
La defensa recalca que la documentación y los trámites correspondientes fueron gestionados íntegramente por técnicos de la empresa beneficiaria, sin intervención directa del empresario.
Aclaraciones sobre pagos y propiedades
En relación con el chalet de Marbella conocido como 'Villa Parra', la defensa desmiente que Aldama haya realizado un desembolso específico para el pago de las rentas. En su lugar, sostiene que Koldo García utilizó fondos proporcionados por Aldama en el marco de un acuerdo general de comisiones destinadas a facilitar la obtención de contratos públicos o gestiones en distintos ministerios, especialmente en el MITMA. Esta distinción busca separar los pagos vinculados al caso mascarillas de otros posibles beneficios personales.
Lista de testigos de alto nivel
Como parte de su estrategia de defensa, Aldama ha propuesto una lista de más de 30 testigos para el juicio, entre los que figuran varios altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez. Destacan nombres como el de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de IF; Pedro Saura, actual presidente de Correos; Ana Araceli Arigita, de Ineco; Isaías Táboas, ex presidente de Renfe; o Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de Reyes Maroto. También incluye al hijo de Ábalos, Víctor Ábalos, al exdirector de Carreteras Javier Herrero, y a figuras cercanas al exministro, como su exnovia Jésica Rodríguez y Claudia Montes, amiga de Ábalos vinculada a Tragsatec.
Entre los citados figura además Javier Hidalgo, exCEO de Globalia, en relación con supuestos pagos por gestiones favorables a Air Europa. Asimismo, se menciona a Carlos Moreno, jefe de gabinete de María Jesús Montero, a quien Aldama asegura haber entregado 25.000 euros en efectivo. Esta extensa lista refuerza la intención de la defensa de ampliar el alcance del juicio y exponer las redes de influencia en torno a las decisiones administrativas durante el periodo investigado.
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