Trump revela plan secreto para Venezuela y todo cambió
La administración Trump ha comenzado a detallar su estrategia para Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y el nombramiento de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como figura clave en la transición de poder. El plan, presentado ante el Congreso por el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth en reuniones clasificadas, se estructura en tres fases: estabilización inmediata, recuperación económica centrada en el petróleo y una transición política supervisada desde Washington, aunque sin un calendario definido.
Un plan en tres etapas con control estadounidense
Fase de estabilización
La primera etapa busca evitar el colapso institucional y social tras el vacío de poder generado por la salida de Maduro. Según Rubio, Estados Unidos ejerce un “control y apalancamiento tremendos” sobre las autoridades interinas que asumieron el gobierno, principalmente a través del uso de sanciones, el aislamiento del sector petrolero y la presencia militar en la región. Se descarta explícitamente el apoyo a la oposición liderada por María Corina Machado, a quien el gobierno estadounidense considera incapaz de garantizar la estabilidad. Además, se mantiene una estrecha vigilancia sobre figuras clave como Diosdado Cabello, ministro del Interior, y Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, con la advertencia de que nuevas operaciones militares podrían desplegarse si no cumplen con las exigencias de Washington.
Fase de recuperación económica
La segunda fase se centra en la reactivación del país mediante el control y explotación del sector petrolero. El gobierno de Trump planea asegurar el acceso de empresas estadounidenses y occidentales al mercado venezolano, con el objetivo de reactivar la producción, refinación y comercialización de crudo. Como parte de este plan, Estados Unidos prevé recibir entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano, que serán refinados y vendidos en el mercado internacional. Los ingresos generados no serán administrados por el gobierno de Caracas, sino controlados directamente por Estados Unidos, con el compromiso de que los fondos se distribuyan de forma que beneficien al pueblo venezolano y no alimenten la corrupción o al antiguo régimen.
Paralelamente, esta etapa incluye un proceso de reconciliación nacional, que contempla la amnistía para opositores, la liberación de presos políticos y el retorno de exiliados con el fin de reconstruir la sociedad civil. Empresas como Chevron, la única petrolera estadounidense operando actualmente en Venezuela, ya negocian la ampliación de sus licencias, mientras que Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha confirmado estar en conversaciones con compañías estadounidenses para la explotación de crudo.
Fase de transición política
La tercera y última fase consiste en una transición política supervisada desde Washington, aunque Rubio enfatizó que el futuro del país debe ser decidido por los venezolanos. No se ha establecido un cronograma para elecciones ni un plazo para el fin del control estadounidense sobre los ingresos petroleros. Esta ambigüedad ha generado críticas dentro del Congreso, especialmente entre legisladores demócratas, quienes denuncian que el plan equivale a una apropiación de recursos soberanos. Algunos republicanos también han expresado preocupación, argumentando que el enfoque excesivo en el petróleo podría desvirtuar los objetivos democráticos de la intervención.
El plan, aunque presentado como una hoja de ruta hacia la estabilidad y la democracia, mantiene abierta la posibilidad de nuevas acciones militares si las autoridades interinas no cumplen con las condiciones impuestas por Estados Unidos. La figura de Delcy Rodríguez como líder del gobierno de transición y el papel central del petróleo en el proceso marcan un escenario complejo, donde la soberanía venezolana parece subordinada a los intereses estratégicos y económicos de Washington.
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