Constitución 2025 el gran engaño detrás de la libertad y la igualdad

Cuarenta y siete años después de que la Constitución española proclamara que todos los ciudadanos son “libres e iguales”, esa frase sigue resonando con la fuerza de un ideal fundacional, pero también con el peso de una promesa aún no cumplida. Para quienes han dedicado décadas a trabajar por la igualdad real de las mujeres en instituciones, empresas y la sociedad civil, la sensación es ambivalente: se han logrado avances impensables para una mujer de 1978, pero también se han registrado retrocesos en cuestiones que deberían haberse superado hace tiempo.

Los progresos existen y son innegables, pero conviven con avances que se detienen, revierten o incluso se instrumentalizan. Lo más preocupante no es tanto la inercia social o las resistencias tradicionales, sino el uso perverso del feminismo como herramienta partidista. Cuando la igualdad se convierte en propaganda, deja de ser igualdad; cuando la libertad se invoca para justificar la censura, la manipulación o la imposición ideológica, deja de ser libertad.

El vaciamiento del discurso feminista

En los últimos años, el espacio público en España ha sido testigo de una degradación que ha contaminado el debate sobre los derechos de las mujeres. Se ha impuesto un relato oficial que exhibe un feminismo de fachada: un discurso cuidadosamente escenificado en el que aparecen mujeres convertidas en accesorios institucionales, cuidadoras retóricas, encargadas de limpiar los excesos del poder o plañideras de diseño que lloran cuando el guion lo exige. Todo, bajo una apariencia de diversidad y justicia social que no resiste el análisis de la realidad material.

Detrás de esta representación simbólica, las brechas de desigualdad persisten y en muchos casos se agudizan. Las mujeres siguen ganando menos, enfrentando mayor precariedad laboral, viendo cómo la maternidad obstaculiza sus carreras, asumiendo casi en solitario el trabajo de cuidados en el hogar y padeciendo violencias que mutan y se adaptan a nuevas formas, muchas de las cuales no están suficientemente reconocidas por la legislación.

Un feminismo secuestrado

• El propio gobierno de Pedro Sánchez ha sido señalado como ejemplo de esta instrumentalización: en sus ministerios, portavocías y organismos se prioriza la fidelidad ideológica sobre la capacidad real.
• Se buscan mujeres dóciles y alineadas, no mujeres libres, críticas y competentes, muchas de las cuales sí existen dentro del propio espectro socialista.
• El pacto tácito es claro: visibilidad y poder simbólico a cambio de obediencia incondicional.
• Este modelo supone una vuelta al paternalismo, ahora disfrazado de progresismo y embalado en una estética moderna.

En este contexto, se premia la sumisión y no la solvencia; el sectarismo, no la competencia; la obediencia al relato, no la capacidad profesional. Así, se ha traicionado uno de los pilares más valiosos del feminismo democrático: la posibilidad de disentir sin ser excluida, de pensar sin permiso y de ejercer la libertad individual sin estar atada a etiquetas ideológicas.

Falta una ley integral contra la violencia machista

Ningún tema evidencia mejor esta contradicción que la violencia contra las mujeres. La legislación actual, aunque partió de un espíritu justo, es insuficiente. No cumple con el Convenio de Estambul, que establece que la violencia machista no solo ocurre en el ámbito de la pareja, sino también en formas económicas, institucionales, sociales, digitales y laborales. La ley vigente no protege a todas las mujeres, discrimina por omisión y carece de mecanismos estables para la asistencia jurídica, el acompañamiento, la evaluación independiente y la equidad territorial.

Lo que España necesita con urgencia no es una reforma cosmética, sino una nueva ley integral contra la violencia hacia las mujeres, acorde con los estándares internacionales. Esta reforma no es solo un acto de justicia: es una condición previa para la democracia. Porque nada anula tanto la libertad como el miedo, y nada degrada tanto la igualdad como la impunidad.

La igualdad no es una bandera de partido ni una identidad de consumo: es una condición sine qua non para que la democracia funcione. La libertad es la materia prima de los ciudadanos. No se mendiga, no se delega, no se entrega fácilmente.

En este aniversario constitucional, la pregunta no debe ser si la Carta Magna sigue vigente —porque sí lo está—, sino por qué hemos permitido que su promesa central, la de ser libres e iguales, haya sido distorsionada, cuestionada y convertida en arma política. Los ciudadanos merecen recuperar la certeza de que esa promesa no ha expirado, sino que sigue viva, aunque hoy esté secuestrada. Y toca liberarla.