Constitución 2025 La Verdad Oculta Detrás de la Libertad y la Igualdad

Cuarenta y siete años después de que la Constitución estableciera que todos los ciudadanos son “libres e iguales”, esta promesa mantiene el peso de un ideal fundacional y, al mismo tiempo, el carácter frágil de una meta aún no cumplida. Para quienes han dedicado décadas a impulsar la igualdad efectiva de las mujeres en instituciones, empresas y la sociedad civil, la realidad es ambivalente: se ha avanzado más de lo que cualquier ciudadana española de 1978 hubiera podido imaginar, pero también se ha retrocedido en cuestiones que deberían estar superadas.

Los avances son reales, pero los retrocesos resultan inaceptables. Lo más alarmante no es la inercia social o la resistencia al cambio, sino la instrumentalización del feminismo como herramienta partidista. Cuando la igualdad se convierte en propaganda, deja de ser genuina. Y cuando la libertad se usa para justificar manipulación, censura o imposiciones ideológicas, deja de ser libertad.

La instrumentalización del feminismo en la esfera pública

En los últimos años, el espacio público español ha sufrido una degradación sutil pero profunda: un relato oficial que proclama su compromiso con el feminismo mientras lo vacía de contenido. Se ha creado un escenario en el que las mujeres ocupan posiciones visibles, pero muchas veces en roles decorativos: “mujeres florero” institucionalizadas, “cuidadoras” que repiten discursos ajenos con obediencia, “limpiadoras” de errores de poder o “plañideras” que lloran en momentos convenientes. Todo esto, empaquetado con apariencias de diversidad y justicia social.

La realidad, sin embargo, discurre bajo este decorado. Las brechas salariales y la precariedad laboral siguen afectando desproporcionadamente a las mujeres. La maternidad continúa penalizando sus carreras profesionales. El número de altas ejecutivas en empresas ha disminuido. Tareas como el trabajo doméstico y los cuidados siguen recayendo casi exclusivamente sobre ellas. Y la violencia contra las mujeres persiste, evoluciona y se adapta a nuevas formas que las leyes actuales no logran prevenir ni sancionar con eficacia.

Un pacto tácito de fidelidad por poder simbólico

• El Gobierno de Pedro Sánchez ofrece un ejemplo claro de esta instrumentalización.
• En ministerios, portavocías, organismos y medios alineados se prioriza la obediencia sobre la capacidad.
• No se buscan mujeres libres, críticas y competentes —que las hay, y bien reconocidas dentro del propio espectro socialista—, sino figuras dóciles que asuman el rol asignado sin cuestionarlo.
• El acuerdo no escrito es evidente: visibilidad y poder simbólico a cambio de lealtad absoluta.

Esto no es progreso, sino una nueva versión del paternalismo, disfrazada de modernidad progresista. Se premia la adhesión, no la solvencia; el sectarismo, no la competencia; la obediencia al relato, no la excelencia profesional. En este proceso, se ha perdido lo más valioso del feminismo democrático: el derecho a disentir sin ser marginado, a pensar con autonomía y a ejercer la libertad individual sin someterse a etiquetas ideológicas.

Hacia una ley integral contra la violencia de género

Uno de los ámbitos en los que esta deficiencia es más grave es la violencia contra las mujeres. La legislación actual, aunque nacida con buenas intenciones, es insuficiente. No cumple con el Convenio de Estambul, que establece que la violencia contra las mujeres no se limita al entorno doméstico o de pareja. Incluye formas como la violencia sexual, económica, institucional, digital, laboral y comunitaria —todas ellas frecuentemente ignoradas por el marco legal vigente.

La ley actual:

• No protege adecuadamente a todas las mujeres.
• No reconoce todas las manifestaciones de la violencia.
• No garantiza recursos estables ni un acompañamiento jurídico eficaz.
• No contempla evaluaciones independientes.
• No corrige las disparidades entre regiones en acceso a protección y servicios.

Se trata de una norma agotada y limitada. Lo urgente es aprobar una nueva ley integral contra la violencia hacia las mujeres, alineada con las recomendaciones de Naciones Unidas. No es solo un acto de justicia, sino una condición previa para la democracia: nada mina tanto la libertad como el miedo, ni tanto la igualdad como la impunidad.

La igualdad no es una etiqueta política ni un símbolo identitario. Es una condición esencial para que funcione la democracia. Y la libertad es el fundamento sobre el que se construye la ciudadanía. No se mendiga, no se delega, no se renuncia a ella.

En este aniversario constitucional, la pregunta no es si la Carta Magna sigue vigente —sigue estando en pie—, sino por qué hemos permitido que su promesa esencial, “ser libres e iguales”, haya sido tergiversada, instrumentalizada y convertida en arma de lucha partidista. Los ciudadanos merecen recuperar la certeza de que esta promesa está viva, comprometida por las instituciones y respetada por quienes ejercen el poder.

La promesa sigue ahí. No está rota. Está secuestrada. Y es hora de liberarla.