Gobierno e Iglesia sellan pacto secreto por abusos sexuales
El Ministerio de Justicia, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos han alcanzado un acuerdo para establecer una nueva vía de reparación para las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica cuando ya no sea posible acceder a la justicia ordinaria. El pacto será firmado este jueves a las 9:30 horas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, junto con el presidente de la CEE, monseñor Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, en el Palacio de Parcent, sede del Ministerio de Justicia en Madrid.
Un sistema mixto entre Iglesia y Estado
Este acuerdo se concreta tras la aceptación, a finales de noviembre, por parte de la Conferencia Episcopal de la propuesta del Gobierno para ofrecer una alternativa a las víctimas que no deseen acudir a la comisión propia de la Iglesia, el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva). La nueva vía prevé un sistema mixto entre instituciones eclesiásticas y públicas, con la participación activa del Defensor del Pueblo como garante del proceso. Cada caso será remitido a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que elaborará una propuesta de reparación. Posteriormente, el Priva evaluará dicha propuesta y emitirá un informe. Si ambas partes —la víctima y la entidad eclesiástica— aceptan la solución, esta tendrá carácter definitivo.
En caso de desacuerdo, se conformará una Comisión Mixta para buscar un consenso. Si finalmente persiste el desacuerdo, será la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo la que adopte la resolución final, dotando al mecanismo de un carácter vinculante desde la institución estatal.
Compromiso de cumplimiento y sanciones implícitas
- La entidad eclesiástica afectada —ya sea una diócesis, un instituto o una orden religiosa— deberá cumplir las medidas de reparación en los plazos establecidos.
- Si no se produce dicho cumplimiento, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos deberán garantizar su ejecución.
- Además, asumirán directamente el coste de las indemnizaciones correspondientes, reforzando así la responsabilidad colectiva de las instituciones religiosas.
El Priva, puesto en marcha por la Iglesia antes de este acuerdo, ha tenido una acogida limitada. Muchas víctimas han mostrado desconfianza hacia un mecanismo gestionado directamente por una comisión eclesiástica, lo que ha motivado la búsqueda de una alternativa más independiente. Este plan, gestionado por especialistas, analiza cada caso y propone una compensación económica que luego se traslada a la diócesis o entidad religiosa implicada, que tiene la última palabra sobre su aceptación. Esta falta de garantías objetivas fue uno de los principales obstáculos para su eficacia.
Con este nuevo sistema, el Gobierno y las instituciones religiosas buscan crear un marco más transparente, equilibrado y sensible a las necesidades de las víctimas, reforzando la confianza en los mecanismos de reparación extrajudicial. El acuerdo, presentado como temporal por la Conferencia Episcopal, excluye el pago del impuesto sobre la renta en las indemnizaciones otorgadas, facilitando así una reparación más inmediata y justa para las personas afectadas.
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