Maduro ataca a la Cruz Roja y el caso de Mario Villarroel que nadie te contó

Mario Villarroel, abogado y ex presidente de la Cruz Roja Venezolana, vive hoy en Mérida, Colombia, tras verse obligado a abandonar su país en medio de una campaña de hostigamiento liderada por el régimen de Nicolás Maduro. Su historia es un ejemplo elocuente del alto precio que muchos ciudadanos independientes pagan por resistirse al control estatal de instituciones clave. Nacido en Caracas en 1947, Villarroel dedicó décadas de su vida al servicio humanitario, presidiendo la Cruz Roja Venezolana hasta agosto de 2023, cuando fue desplazado en un proceso que califica de ilegítimo y orquestado.

Una campaña de descrédito orquestada por el poder

El despliegue oficial contra Villarroel comenzó meses antes de su salida forzosa. Todo se precipitó cuando rechazó la imposición del gobierno de nombrar a Luis Manuel Farías como vicepresidente de la institución. “Mi filosofía siempre fue clara: colaboración con el Estado, nunca dependencia”, afirma. Esa postura independiente encendió las alarmas en sectores del régimen, que iniciaron una campaña mediática para desprestigiarlo.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, entonces presidente de la Asamblea Nacional, lo acusaron públicamente de mala gestión, mentiras y desacato. “Fabricaron una corriente de opinión. Empezó con un programa de Diosdado Cabello, donde me tildaron de conspirador, delincuente, y hasta me acusaron de apropiarme de una herencia años atrás. Todo falso”, relata. A esto se sumó una supuesta causa en la Fiscalía General, basada en denuncias nunca formalizadas, por supuestos maltratos laborales. Sin proceso previo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo nombró en apenas 36 horas una junta ad hoc, con facultades para reformar estatutos y relevar a la directiva original.

“Fue un mecanismo automatizado para retirarme. No hubo pruebas, no hubo juicio, solo un vaciamiento institucional rápido y violento”, señala Villarroel. Frente a la creciente presión, decidió salir del país. “Tuve que irme volando. Sentía que incluso podía perder la libertad. Me he visto despojado de muchos derechos: no he podido vender bienes, y otros los han tomado”, lamenta.

Extensión del ataque a su familia

• Sus hijos, Miguel y Morris Villarroel, también han sido blanco de campañas difamatorias.
• Medios satélite del régimen han publicado artículos sin firma, atribuyéndoles vínculos con actos delictivos como el supuesto secuestro de César de Caro.
• Uno de estos textos falsos fue publicado por error en un medio español y rápidamente viralizado por más de 80 portales oficiales del gobierno venezolano.
• Se denuncia que estos medios son coordinados por Oliver Blanco, responsable de redes sociales de Delcy Rodríguez.

El régimen ha intentado además desplazar a Miguel Villarroel de su cargo como vicepresidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, electo en 2017 y reelegido en 2022. A través de intermediarios, se les habría ofrecido el cese de los ataques a cambio de su renuncia. “Pero no es negociable. Es un asunto de dignidad”, sostiene la familia. Marion Villarroel, otra de sus hijas, también ha sido atacada por su trabajo como jefa de gabinete de la alcaldesa de Doral, Florida.

El costo humano de mantener principios

Mientras tanto, el panorama político venezolano se complica cada vez más para el gobierno de Maduro. La presión militar y diplomática de EE.UU. durante la administración Trump, sumada a la reciente fuga de la opositora María Corina Machado —a la que Vallarroel compara como “una operación digna de película”—, ha puesto al régimen en una encrucijada. Pero para quienes, como Villarroel, han pagado un precio personal altísimo por no doblegarse, la lucha trasciende el escenario inmediato.

“Cuando dicen que acoso a personas en el trabajo, yo estaba en una terapia intensiva por la enfermedad que padezco. Todo ha sido una patraña”, denuncia indignado. “El peor daño para alguien con mi condición es el estrés. Y han logrado estresarme profundamente, no por mí, sino por ver cómo atacan a mi familia”.

Desde su exilio en Mérida, Mario Villarroel observa con dolor un país al que no puede volver. Su caso resume con crudeza lo que cuesta hoy, en Venezuela, defender principios humanitarios, independencia institucional y verdad frente a un aparato de poder que criminaliza todo aquello que no controla. Ha perdido bienes, libertad de movimiento y paz, pero no su compromiso con la ética. “No busco polemizar. Solo quiero limpiar mi nombre”, dice. Un nombre ligado durante décadas a la ayuda humanitaria, hoy en el punto de mira de una dictadura que no tolera disidencias.