Socio de Aldama procesado por fraude de 70 millones en hidrocarburos

El empresario Claudio Rivas, señalado como presunto socio de Víctor de Aldama en el conocido caso de fraude en hidrocarburos, enfrenta ahora nuevas acusaciones por su presunta participación en una trama defraudatoria anterior, entre 2016 y 2018, que habría supuesto un perjuicio al erario público superior a los 70 millones de euros. Esta nueva causa, independiente de la investigación más mediática por la defraudación de 182,5 millones en IVA entre 2022 y 2024 vinculada a la empresa Villafuel, avanza ahora hacia la fase de juicio.

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Un tercer caso en investigación

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha dictado un auto de pase a procedimiento abreviado —equivalente al procesamiento— contra Claudio Rivas y otras 21 personas por delitos relacionados con defraudación fiscal, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal. Esta resolución se enmarca en una investigación centrada en la empresa SKT OIL, dedicada al sector de hidrocarburos, y que habría operado mediante un esquema fraudulento entre 2016 y 2018.

Además de esta causa, Rivas figura como investigado en un tercer expediente, aún en curso, relacionado con otra supuesta trama defraudatoria entre 2019 y 2020 a través de una operadora denominada Gaslow. Así, el empresario acumula tres causas abiertas en la Audiencia Nacional, todas vinculadas al mismo sector y con patrones operativos similares.

Cómo funcionaba la supuesta trama

  • La empresa SKT OIL habría generado facturas falsas a través de compañías inactivas, inexistentes o creadas exclusivamente para integrarse en la red fraudulenta.
  • Estas facturas permitían aumentar artificialmente la cuota de IVA soportada, deducible en las declaraciones tributarias, lo que suponía una reducción ficticia de la deuda fiscal.
  • El juez atribuye a SKT OIL defraudaciones por 13,8 millones de euros en 2016, 35,2 millones en 2017 y 14,6 millones en 2018.
  • Otra empresa implicada, OWTRA OIL, habría defraudado 7,2 millones de euros en 2018 mediante el mismo mecanismo.

Según el auto judicial, los beneficios obtenidos de forma ilícita fueron blanqueados mediante la adquisición de bienes inmuebles en distintas localidades. Entre ellos figuran una vivienda y una finca en Valdemoro (Madrid), seis apartamentos en Benidorm (Alicante), un local comercial en Madrid comprado por 1,6 millones de euros y un edificio de 45 viviendas adquirido en 2018 por la misma cantidad y vendido en 2022 por 2,7 millones.

Consecuencias legales y responsabilidades

El juez propone que Claudio Rivas sea juzgado por defraudación fiscal agravada, falsedad documental en los ejercicios de 2017 y 2018, y por integración en organización criminal. Además, solicita que se declare responsables civiles subsidiarios a 16 empresas mercantiles y se considere a cinco personas como partícipes a título lucrativo en los hechos.

La resolución refleja cómo la estructura investigada habría funcionado como una organización jerarquizada, con división de tareas y especialización en la creación de sociedades pantalla, la emisión de facturas falsas y la reinversión del dinero obtenido. Todo ello, señala el magistrado, con el objetivo de ocultar el origen del capital y perpetuar el fraude durante varios años.

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