Trump tenía un plan secreto para Venezuela y esto es lo que pasó
El gobierno de Estados Unidos estaría articulando un plan estructurado en tres fases para Venezuela tras la salida del presidente Nicolás Maduro del poder, supuestamente como resultado de una operación liderada por fuerzas estadounidenses. Según revelaciones del secretario de Estado Marco Rubio y del secretario de Defensa Pete Hegseth durante reuniones clasificadas con el Congreso, el plan contempla una etapa de estabilización inmediata, seguida de una recuperación económica centrada en el petróleo y, finalmente, una transición política supervisada desde Washington, aunque sin un cronograma definido.
Un plan en tres etapas para la reconfiguración de Venezuela
Fase de estabilización
La primera etapa tiene como objetivo evitar un colapso institucional y social tras el cambio de mando. Rubio destacó que Estados Unidos cuenta con “un control y un apalancamiento tremendos” sobre las autoridades interinas que asumieron el poder, especialmente mediante el uso de sanciones, el aislamiento del sector energético venezolano y la presencia operativa en la región. Se descarta explícitamente el apoyo a la oposición liderada por María Corina Machado, a quien el gobierno estadounidense no considera un actor clave en este escenario.
Además, se mantiene una estrecha vigilancia sobre figuras clave del antiguo régimen, como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, ministros de Interior y Defensa respectivamente. La administración Trump no descarta nuevas intervenciones militares si estos actores no cumplen con las exigencias de Washington.
Fase de recuperación económica
La segunda fase se centra en la reactivación del aparato económico del país, con especial énfasis en el sector petrolero. Rubio anunció que empresas estadounidenses, occidentales y de otras naciones tendrán acceso al mercado venezolano de forma “justa y equitativa”. Como parte de este proceso, Estados Unidos planea adquirir entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano, que serán refinados y comercializados en el mercado internacional.
Los ingresos generados por estas ventas no serán administrados por el gobierno de Caracas, sino que estarán bajo el control directo de Estados Unidos. Según Rubio, estos fondos se destinarán a apoyar a la población venezolana, evitando que sean desviados por actos de corrupción o utilizados para sostener estructuras del antiguo régimen. Paralelamente, se impulsará un proceso de reconciliación nacional que incluya amnistías, liberación de presos políticos y el regreso de exiliados, con el fin de fortalecer la sociedad civil.
Fase de transición política
La tercera y última fase consiste en una transición política que, según indicó Rubio, “dependerá del pueblo venezolano” tomar las decisiones finales sobre su futuro. No obstante, Estados Unidos mantendrá una supervisión activa del proceso, sin precisar plazos para elecciones ni para la devolución del control sobre los ingresos petroleros. Esta falta de calendario ha generado críticas dentro del Congreso, especialmente entre legisladores demócratas, quienes han calificado el plan como una apropiación indebida de recursos soberanos. Incluso algunos republicanos han advertido que priorizar el petróleo por encima de los objetivos democráticos podría distorsionar el propósito de la intervención.
En medio de este escenario, la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) confirmó estar en conversaciones con compañías estadounidenses, mientras Chevron negocia la ampliación de su actual licencia de explotación. Estas movimientos reflejan una apertura coordinada con Washington para reestructurar la industria energética venezolana bajo nuevas directrices internacionales.
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