Gobierno e Iglesia firman pacto secreto por abusos sexuales
El Ministerio de Justicia, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos han alcanzado un acuerdo para establecer una nueva vía extrajudicial de reparación a víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, en aquellos casos en los que ya no es posible recurrir a la justicia ordinaria. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, rubricará el pacto este jueves a las 9:30 horas en el histórico Palacio de Parcent, sede del Ministerio de Justicia, junto a Luis Argüello, presidente de la CEE, y Jesús Díaz Sariego, representante de la Conferencia Española de Religiosos.
Un sistema mixto entre Estado e Iglesia para garantizar reparación
Este acuerdo se concreta tras la aceptación, a finales de noviembre, por parte de la Conferencia Episcopal de la propuesta del Gobierno de derivar a las víctimas que no deseen acudir a la comisión interna de la Iglesia hacia el Defensor del Pueblo. El objetivo es crear un mecanismo mixto entre instituciones estatales y eclesiásticas que permita una reparación digna, con la participación activa de las víctimas y con las compensaciones asumidas económicamente por la Iglesia.
Según el nuevo protocolo, cada caso será remitido a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que analizará los hechos y formulará una propuesta de reparación. Esta propuesta será evaluada posteriormente por el PRIVA (Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos), que emitirá un informe. Si ambas partes —la víctima y la entidad eclesiástica— coinciden, la propuesta adquiere carácter definitivo. En caso de desacuerdo, se activará una Comisión Mixta. Si tras su intervención aún persiste la discrepancia, será la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo la encargada de emitir la resolución final.
Garantías de cumplimiento y responsabilidad compartida
- Las entidades eclesiásticas deberán cumplir las medidas de reparación en los plazos establecidos.
- Si una diócesis, instituto o entidad religiosa no cumple con lo acordado, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos se comprometen a garantizar su cumplimiento.
- Además, deberán asumir el coste de las indemnizaciones cuando el responsable directo no actúe.
Este nuevo marco se enmarca en una evolución del PRIVA, el plan lanzado previamente por la Iglesia para atender a víctimas de abusos sexuales en situaciones sin vía judicial. Sin embargo, dicho plan no ha logrado una respuesta amplia entre las víctimas, muchas de las cuales han mostrado desconfianza hacia una comisión gestionada directamente por la institución eclesiástica. El PRIVA, formado por una comisión de especialistas, analiza cada caso y propone una compensación económica que se traslada a la diócesis u orden religiosa implicada, aunque la decisión final de aceptar o no el pago recae en la autoridad eclesiástica correspondiente.
Con este acuerdo, se busca fortalecer la credibilidad del proceso al incorporar una figura independiente como el Defensor del Pueblo, y ofrecer a las víctimas una alternativa más neutral y segura para acceder a la reparación, manteniendo al mismo tiempo el compromiso financiero y moral de la Iglesia en los casos de abuso sexual.
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