Aragón obligará a activar los protocolos contra el acoso escolar ante cualquier indicio y a proteger a la víctima en 24 horas
El Gobierno de Aragón ha aprobado una nueva normativa destinada a reforzar y agilizar la respuesta de los centros educativos ante casos de acoso escolar, ciberacoso y cualquier otra forma de violencia entre iguales. La orden, publicada este lunes en el Boletín Oficial de Aragón, será de aplicación en todos los centros de la comunidad, sin importar su titularidad, incluidos los privados.
La principal novedad consiste en la obligación de activar de forma inmediata los protocolos ante cualquier indicio razonable de acoso, sin esperar a que los hechos estén plenamente acreditados. El objetivo es anticipar la intervención, evitar que la situación se agrave y garantizar una respuesta homogénea en todo el sistema educativo aragonés.
Nuevos plazos y medidas de protección
La normativa establece que los centros deberán adoptar medidas de protección para la posible víctima en un plazo máximo de 24 horas. Estas actuaciones deberán enfocarse en reforzar la seguridad, ofrecer acompañamiento y brindar atención inmediata al alumno afectado.
Asimismo, el plazo máximo para instruir y resolver cada caso se reduce de 21 a 10 días. El Ejecutivo autonómico también prevé aligerar la carga burocrática de los equipos directivos: los documentos que los centros deberán cumplimentar pasarán de diez anexos a cuatro.
Los protocolos deberán estar adaptados en un plazo de seis meses, pero el Departamento de Educación, Cultura y Deporte trabaja con la previsión de que los nuevos procedimientos entren en vigor en septiembre, coincidiendo con el inicio del próximo curso académico. Antes de esa fecha se celebrarán jornadas de formación y difusión dirigidas a la comunidad educativa.
La regulación concreta también las actuaciones que deberán seguirse en estos casos, garantizando la confidencialidad, la comunicación con las familias y la coordinación con la Inspección de Educación, la Red Integra de Orientación Educativa y, cuando sea necesario, con los servicios sociales, sanitarios o las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Tomasa Hernández, consejera de Educación en funciones, ha defendido que la nueva normativa representa un “paso decisivo” para reforzar la protección del alumnado y consolidar “un entorno educativo seguro, inclusivo y respetuoso”. Según ha señalado, la orden dota a los centros de procedimientos “más claros, rápidos y eficaces” para actuar frente al acoso escolar “desde el primer indicio”.
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