El Constitucional, abocado al bloqueo o a una mayoría progresista si la derecha no logra tres quintos del Senado
El actual equilibrio del Tribunal Constitucional (TC) no podrá modificarse sin que el Partido Popular (PP) y Vox alcancen la denominada “supermayoría” de tres quintos en la Cámara, el Senado, tras las elecciones generales del 29 de noviembre. Una vez renovada la XVI Legislatura, el TC tendrá que sustituir a los cuatro magistrados cuyo mandato expira en diciembre de 2025: el presidente Cándido Conde‑Pumpido y los vocales María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y José María Macías. Los dos primeros se consideran progresistas y los dos últimos conservadores. Actualmente, de los doce magistrados que integran el tribunal, la bancada progresista ocupa siete puestos frente a los cinco de la corriente conservadora.
El lunes se formalizó el acuerdo táctico entre PP y Vox para la inclusión de candidatos de Vox en seis listas y la reducción de las candidaturas de Santiago Abascal en otras catorce provincias. Esa estrategia refuerza a la derecha de cara a la posible coalición entre el PSOE y el Frente Amplio en el Senado de Progreso, y permite asegurar una menor pérdida de escaños, arrebatar otros en determinadas circunscripciones y garantizar una mayoría absoluta de 143 votos, según estimaciones de El Independiente con datos de 2023. Sin embargo, esa cifra dista de los 162 escaños (3/5) necesarios para que PP y Vox puedan renovar libremente los cargos institucionales del TC.
Escenarios posibles tras la renovación del TC
Una mayoría absoluta en el Senado deja abiertos dos escenarios: mantener el bloqueo actual o producir una ligera reconfiguración del equilibrio sin que ello implique un cambio decisivo en la toma de decisiones del tribunal. El artículo 17.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que los magistrados cuyo mandato expira continúan en el cargo hasta que se elijan y tomen posesión sus sucesores. Existen precedentes, como el de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que permanecieron en funciones durante más de cinco años y medio hasta que PSOE y PP lograron un acuerdo en junio de 2024.
Si no se alcanza un pacto entre populares y socialistas, el bloqueo podría mantenerse, sobre todo si la mayoría parlamentaria depende de los acuerdos con Vox y se forma un Gobierno de coalición entre Feijóo y Abascal. Las fuentes judiciales consultadas por este medio señalan que, aunque la consecución de los tres quintos sigue abierta, todo dependerá del resultado de las urnas.
En el supuesto de que la Cámara Alta alcance una mayoría simple conservadora, se abriría la posibilidad de negociar entre populares y socialistas. Durante la actual legislatura, el PSOE propuso un reparto 2‑2 (dos candidatos progresistas y dos conservadores) que el PP rechazó, a la espera de una renovación parlamentaria que le diera una posición más ventajosa. Se estima que, a partir del 30 de noviembre, el partido de Sánchez podría volver a plantear esa fórmula 2‑2.
Incluso se contempla la opción de un reparto 3‑1, aunque ello requeriría una situación de polarización extrema y la condición de Vox sobre el PP, algo que el PSOE actual descartaría. Un reparto 2‑2 mantendría el equilibrio actual, pero supondría la salida de Conde‑Pumpido. En caso de empate y sin consenso, la normativa establece que el magistrado con mayor antigüedad asumiría la presidencia; en ese caso sería Ramón Sáez Valcárcel, designado por Moncloa, o, por diferencia de siete años, María Luisa Segoviano, también catalogada como progresista.
El relevo de Conde‑Pumpido, por tanto, pasaría por Sáez Valcárcel o por Segoviano, ambos considerados del sector progresista. Un cambio que permita a la derecha deshacerse de uno de los cargos más influyentes de la legislatura tendría repercusiones en decisiones clave como la amnistía, la ley del aborto, la eutanasia o la anulación de las condenas por los ERE a los exdirectivos socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
En el actual proceso de nominación, solo tres comunidades autónomas han presentado candidaturas para los puestos vacantes:
- País Vasco: Xabier Arzoz y Javier García Roca.
- Navarra: Yolanda Valdeolivas García y Francisco José Bastida.
- Cataluña: el exministro socialista Francisco Caamaño.
Valdeolivas y Caamaño tienen vinculación con el PSOE; Bastida es propuesto por la izquierda alternativa navarra; Arzoz y Roca se presentan como figuras sin afiliación partidista reconocida.
Los ocho magistrados restantes del TC se eligen por tandas: cuatro por el Congreso, dos por el Gobierno y dos por el CGPJ, con mayoría cualificada de tres quintos, salvo los nombramientos ejecutivos. Cada mandato dura nueve años, de modo que los puestos designados por el Gobierno y el CGPJ a finales de 2022 se renovarán en 2031, y los del Congreso en 2028. Sin una mayoría amplia de 210 votos, tanto un Gobierno de izquierdas como uno de derechas tendría que pactar la designación de los cuatro magistrados, manteniendo así el equilibrio actual salvo sorpresas inesperadas.
Una vez abierto el plazo de presentación de candidaturas, cada comunidad autónoma puede proponer hasta dos candidatos por cámara. Los aspirantes deben ser juristas de reconocida trayectoria y contar con al menos quince años de ejercicio profesional. La Comisión de Nombramientos del Senado evalúa los perfiles y, tras la comparecencia de los candidatos, emite una propuesta que se somete al pleno para su votación secreta. Cada candidato necesita el respaldo de tres quintos de los senadores, cifra que solo el PP y el PSOE pueden garantizar conjuntamente. Tras la aprobación, se comunica al Rey la designación y procede el nombramiento oficial.
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